Antes de abstenerse de acusar a 13 sospechosos, entre ellos Junior Roldán, alias JR del posible delito de tráfico ilícito de armas de fuego, el fiscal Julio Aguberto Sánchez declaró el cierre de la instrucción fiscal y pidió una fecha para la audiencia preparatoria de juicio.

La audiencia había sido convocada para el próximo 14 de febrero a las 09:30. Su decisión, que de inmediato fue acogida por la jueza Dirce Guzmán de la Unidad Multicompetente en materia penal con sede en la parroquia La Aurora del cantón Daule, en Guayas, fue cuestionada desde diferentes frentes.

Tanto que la propia Fiscalía se empeñó en la búsqueda de uno de sus miembros, el fiscal Sánchez quien no encontró mérito para acusar a los 13 sospechosos, entre ellos Junior Roldán, señalado como uno de los líderes de la banda Los Choneros. La Fiscalía informó en su cuenta de Twitter que la Policía tiene la disposición de detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia. Las oficinas de la Unidad contra la Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), en el edificio La Merced, en Guayaquil.

¿Cuál es el posible delito? Algunos abogados apuntan al presunto fraude procesal. En la acción del viernes intervinieron grupos élite de Policía. También se allanó el domicilio del agente fiscal ubicado en la urbanización La Gloria, vía a Samborondón. También ahí se recogieron elementos pero el funcionario no fue localizado.

Con la abstención del fiscal la jueza dictó el sobreseimiento de los procesados quienes fueron detenidos en diciembre de 2022 cuando escoltaban a alias JR quien había sido liberado con medidas sustitutivas en otro caso en el que era investigado.

Sus acompañantes habían exhibido armas en el trayecto en el que acompañaban a su casa al líder de Los Choneros. Hubo intercambio de disparos cuando la Policía trató de revisar los vehículos en un operativo.

El sobreseimiento de la jueza tiene varios fundamentos. Por ejemplo cita que a dos de los sospechosos encontrados con una subametralladora y una pistola 9mm quienes han presentado los documentos de sustento. Razón por la cual no existiría infracción porque son legales y con permiso actualizado, pertenecientes a una empresa de seguridad.

De otros dos investigados en el sobreseimiento se recoge que se trata de personal de seguridad y “que han sido contratados para la seguridad de uno de los procesados que iba en el vehículo 2, esto esta verificado y establecido a través de los contratos de prestación de servicios VIP de dicha empresa”.

Suma dos encausados más quienes habrían sido detenidos por encontrarse en actitud sospechosa. La jueza dice que en ese caso “ha existido una falta de capacidad operativa de la policía” porque al efectuar su detención por la sospecha sin que a nadie le consta que ellos hubieran salido de la caravana, o descendido de alguno de ellos vehículo retenidos, “atenta y compromete la investigación, ya que es un hecho evidente de negligencia, falta de seguridad jurídica”. Y va más allá: “se podría considerar como una detención ilegal”, dice.

El exfiscal y abogado en libre ejercicio Pablo Encalada, recuerda que el sistema procesal penal es el acusatorio. La base de este sistema es la acusación. Sin acusación no hay juicio, no hay pena. “Por tanto, si Fiscalía no acusa, el juez no tiene otra alternativa que dictar sobreseimiento”. Complementa que en el caso, el único que pudo haber fallado es el fiscal.

Ivonne Núñez, jueza de la Corte de Guayas considera que la actuación de la Fiscalía ha sido errónea. Piensa que debió haber reformulado cargos por delincuencia organizada porque ante un hecho delictivo que se persigue es obligación analizar todos los elementos que configuran el tipo penal investigado y la conducta que se adecua al mismo.

“La ligereza en la investigación lleva a este tipo de errores, si no se cuenta con funcionarios altamente preparados estaremos siempre atentos a hechos de este nivel”, concluye.