Desear que un problema desaparezca, rara vez es una estrategia efectiva. Mientras la comunidad internacional ha estado enfocando su atención en otros asuntos, la catástrofe venezolana se ha profundizado. Y de continuar las tendencias actuales, ella solo puede empeorar. La inflación va camino a exceder la marca de 1’000.000 %. La producción continúa cayendo. Amplias extensiones de territorio venezolano han sido cedidas a organizaciones delictivas, grupos terroristas como las FARC y el ELN de Colombia, que actúan en colusión con miembros de la Guardia Nacional en la producción de oro y coltán, y en el narcotráfico. En consecuencia, los venezolanos han estado saliendo de su país de manera masiva, creando una crisis de refugiados de proporciones semejantes a la siria, la más grande de la historia de las Américas. Los problemas de Venezuela no se resolverán a menos que y hasta que haya un cambio de régimen. Afortunadamente, se vislumbra un fin a esta pesadilla, pero ello exigirá coordinación entre las fuerzas democráticas venezolanas y la comunidad internacional. El 10 de enero marca el fin del periodo del presidente Nicolás Maduro. Su elección a un segundo periodo en mayo de este año fue una farsa: no se permitió que participaran los principales partidos de oposición y sus candidatos, y EE. UU., Canadá, la UE, Japón y los países más importantes de América Latina, entre muchos otros, se negaron a reconocer el resultado de dicha elección. Esto significa que no reconocen la legitimidad de la presidencia de Maduro más allá del 10 de enero. La solución lógica es que la Asamblea Nacional, elegida en diciembre de 2015 con una mayoría de dos tercios de la oposición, resuelva el impasse constitucional designando a un nuevo gobierno interino y a un nuevo alto mando militar, capaces de organizar el retorno a la democracia y de poner fin a la crisis. Pero los diputados están actuando con cautela: temen ser ignorados o encarcelados, exiliados o torturados a muerte y luego arrojados por la ventana de un décimo piso. A menos que las fuerzas armadas respeten las decisiones de la Asamblea Nacional, será muy difícil hacerlas cumplir. Se requiere de la coordinación entre la comunidad internacional y las fuerzas democráticas venezolanas, que no saben con certeza cuánto apoyo internacional van a recibir. La comunidad internacional tampoco sabe con certeza los planes ni el nivel de cohesión de dichas fuerzas. Como la comunidad internacional no ha dejado en claro a quién se reconocerá como gobernante legítimo de Venezuela después del 10 de enero, las fuerzas democráticas venezolanas no han logrado unirse en torno a una solución. Pero los venezolanos han estado haciendo sus tareas y sentando las bases organizacionales para el cambio. Partidos políticos, sindicatos, universidades, ONG y la Iglesia católica formaron la iniciativa Venezuela Libre, organizando congresos en los 24 estados del país, en los que han participado 12.000 delegados, y lanzaron un manifiesto que esboza el camino de regreso a la democracia; elaboraron un detallado plan económico, discutido con la comunidad internacional, para superar la crisis y restaurar el crecimiento. Esta es una excelente oportunidad para que la comunidad internacional se mueva hacia una solución coordinada. El mundo no puede dejarla pasar.