Política

Paro nacional: que investiguen otros

El informe de la comisión investigadora del paro nacional fue aprobado en la Asamblea. No se establece ninguna responsabilidad política en el caso.

Asamblea investiga paro nacional
Sesión. Fernando Burbano, presidente de la comisión investigadora, dialoga con el presidente César Litardo.Henry Lapo / Expreso

Muchas cosas feas pasaron entre el 2 y 12 de octubre en Ecuador, y la Asamblea las rechaza todas. Y pide que la Fiscalía las investigue. Hasta ahí. Con esto y un bizcocho, concluyó el proceso de lo que el Legislativo llama “investigación de los hechos ocurridos durante el paro nacional”. Con 81 votos a favor, el Pleno aprobó anoche el informe de la comisión investigadora que se abstuvo (porque “no podemos ejercer justicia”, dijo su presidente, Fernando Burbano) de establecer responsabilidades políticas sobre la violencia, los secuestros, los saqueos, los incendios, los abusos sexuales, las violaciones de los derechos humanos, los perjuicios económicos y la larga lista de atropellos que tuvieron lugar en esos días. Capítulo cerrado. Y a otra cosa, mariposa

Sesión salarios

El paro de octubre incide en el debate de salarios

Leer más

Cinco horas duró la sesión parlamentaria, dos de las cuales fueron empleadas en la lectura del informe. Debieron ser tres pero el secretario, John de Mora, a la voz de “como consta en el acta” (el acta era precisamente lo que estaba leyendo) omitió decenas de páginas sin que nadie se diera por enterado, total, nadie lo escucha. La invitación cursada a todos los asambleístas por el presidente César Litardo para una cena de fin de año en el exclusivo restaurante Theatrum planeaba sobre el horizonte como un ‘dead line’ perentorio. “Que no se utilicen recursos del Estado y que cada asambleísta pague lo que le corresponda”, había comentado por Twitter el correísta Augusto Espinosa. “Está pagado, no le va a costar nada”, respondió Litardo cuando reiteró la invitación al cierre de la jornada.

El debate fue bizantino y poco influyó en el resultado final. Mucho se habló del paro nacional (fantástica retórica de los concurrentes) pero poco, muy poco, del tema en discusión: el informe. Con excepción de César Rohon, nadie dijo: donde el informe asegura que el incendio de la Contraloría “presuntamente ocurrió”, debe decir que, efectivamente, ocurrió. Así que, por mayoría de votos, la posición oficial de la Asamblea es que el incendio de la Contraloría pudo haber ocurrido o no. Entre otras cosas.

La conclusión principal: el Decreto Presidencial 883, que derogó el subsidio a los combustibles, fue el detonante de las protestas. Gran novedad. Los correístas, que durante los días del paro jugaron un papel decisivo como instigadores de la sublevación y la desestabilización, estaban contentísimos: “Ni instigación, ni sublevación, ni desestabilización”, pudo decir Pabel Muñoz como resumen del informe. El legislador correísta trajo a colación el eslogan de las protestas chilenas: “no son treinta pesos sino treinta años”. Sin embargo, habiendo estado en el poder un tercio de ese tiempo, lo redujo a la escala que le convenía: “no son diez centavos -dijo, redondeando el incremento del precio de la gasolina-, son tres años”. Tres nomás.

Doris Soliz, su compañera de bancada, calificó el Decreto 883 como “profunda violencia” y citó, en sintonía con los vientos bolivarianos que vuelven a soplar sobre la región, la muletilla (originalísima) del nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández: “Nunca más”.

protestas latinoaméria chile santiago

Latinoamérica, en una tregua navideña tras las protestas

Leer más

Para rebasar el límite de lirismo soportable en una sesión del Pleno, el asambleísta Héctor Yépez, militante de CREO e integrante también de la comisión investigadora, arrancó su intervención citando a León Gieco: “Sólo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente”. Dicho lo cual (y aceptando el postulado general de que el Decreto 883 representa el papel de la madre del cordero en este caso) se complació en jugar a dos bandas entre la violencia organizada (no dijo por quién) de los manifestantes, y la violencia de la fuerza pública. En resumen: empate a cero.

El socialcristiano César Rohon que, como integrante de la comisión investigadora, se opuso al informe y, en el Pleno, se abstuvo en la votación final junto con otros miembros de su partido, fue la voz más disidente. “Si no podemos tipificar los hechos de octubre como hechos de subversión -dijo-, no estamos cumpliendo con nuestro deber”. Una postura que se contradice totalmente con la versión del presidente de la Comisión, Fernando Burbano, para quien no hay “argumentos que permitan justificar la teoría del golpe de Estado”.

La oficialista Rosa Orellana, también integrante de la comisión, salió en defensa del gobierno (cosa inusual en esta Asamblea, incluso viniendo de un miembro de su bancada). Hizo notar que, a diferencia de lo ocurrido en las protestas de Chile, Colombia y Bolivia, en las del Ecuador la fuerza pública no utilizó armas letales en ningún caso. Y dijo que las bombas lacrimógenas caducadas no producen ningún efecto fisiológico perjudicial. Todo esto, sin embargo, así como las alegaciones de René Yandún en defensa de las Fuerzas Armadas y la Policía, cayó en saco roto por una sencilla razón: ninguno de estos argumentos aterrizaba en el texto del informe, que era básicamente el objeto de debate.

En consecuencia, el informe quedó como estaba, incorporando apenas una que otra declaración lírica de más: “llamar a la reflexión de los actores políticos y sociales”; “convocar de manera urgente e impostergable a un diálogo nacional”. En fin: retórica. Y eso fue todo. Así los asambleístas, que ni siquiera acertaron a reunirse (sino en secreto) durante los días del paro, cerraron sin pena ni gloria el capítulo más funesto de la historia política reciente de la república.

  • Informe

175 páginas y cero aportes

El informe final de la comisión investigadora, aprobado anoche, tiene 175 páginas en las que se exponen los testimonios de las 74 personas que comparecieron: autoridades, representantes de movimientos sociales, víctimas, policías... Incluye diez conclusiones y nueve recomendaciones en las que se deriva toda responsabilidad de investigación a la Fiscalía.