Las Malvinas
Familiares de los cuatro menores desaparecidos se mantienen pendientes del desarrollo de los procesos fiscales.Carlos Klinger

Caso Las Malvinas: CDH alerta sobre posible montaje estatal en testimonio de testigo

La CDH ha cuestionado desde el inicio la veracidad de la versión de un testigo en su testimonio

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) emitió un pronunciamiento contundente sobre el manejo del caso de los cuatro niños desaparecidos y asesinados en diciembre de 2024, señalando graves irregularidades en la actuación de las autoridades y una presunta estrategia para desviar la atención de la posible participación de agentes estatales.

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El 8 de diciembre de 2024, dos patrullas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana iniciaron una persecución contra 11 menores de edad. Cuatro de ellos —Josué, Ismael, Nehemías y Steven— fueron detenidos. A pesar de que sus familiares denunciaron la participación de militares ante la Fiscalía y que las cámaras del sistema de seguridad municipal registraron indicios de su implicación, el caso fue inicialmente tratado como secuestro.

La CDH cuestionó la negativa de las autoridades a investigar bajo el marco legal de desaparición forzada, lo que obligó a los familiares a acudir a instancias internacionales. Se activaron mecanismos como el Hábeas Corpus y una acción urgente ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

La audiencia preparatoria de juicio contra 17 militares ecuatorianos
La audiencia preparatoria de juicio contra 17 militares ecuatorianosCortesía

"Gracias a la presión de organizaciones de derechos humanos y de la ciudadanía, el 21 de diciembre se rectificó la tipificación del caso como desaparición forzada. Tres días después, se informó sobre la identificación de cuatro cuerpos, y el 31 de diciembre se confirmó que correspondían a los adolescentes desaparecidos", reza el documento.

La versión de un testigo que lo cambió todo

Ese mismo 21 de diciembre, mientras la presión social e internacional crecía, un testigo acudió a la Fiscalía acompañado por agentes estatales para rendir una versión voluntaria. En ella afirmó que bandas del crimen organizado se habían llevado a los niños, ordenando quemarlos y arrojar sus cuerpos al río, información que supuestamente obtuvo en un bar. Esta declaración dio origen a una investigación paralela por secuestro con resultado de muerte, a cargo de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), con sede en Quito.

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Sin embargo, el 9 de septiembre de 2025, el mismo testigo declaró ante la Unidot que su versión inicial fue producto de coacción. La persona afirmó que su domicilio fue allanado en la madrugada del 21 de diciembre, que fue detenido y torturado, y que personal militar lo obligó bajo amenazas de muerte a declarar que bandas criminales eran responsables. Según su testimonio, desconocía los hechos y fue el personal militar quien le proporcionó los nombres de los supuestos responsables.

La CDH ha cuestionado desde el inicio la veracidad de esta versión por inconsistencias en fechas y horarios, y advierte que se ha utilizado para desviar la atención de la hipótesis de participación estatal. El organismo exige que se investigue a fondo la posible manipulación del testimonio y que se garantice justicia, verdad y reparación para las familias de las víctimas.

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