Caso Las Malvinas: Los militares implicados se volvieron a pronunciar, ¿qué dijeron?

Tras más de seis meses de la desaparición forzosa de los cuatro niños en el Caso Las Malvinas, once de los diecisiete militares procesados aseguraron este martes 17 de junio del 20215 ante el tribunal que cumplían con su “deber” cuando los arrestaron de manera irregular el 8 de diciembre del 2024.

Las declaraciones se dieron durante la audiencia judicial impuesta para evaluar el recurso de habeas corpus. Este es un amparo para salir en libertad que la reciente ley promulgada por el presidente Daniel Noboa, la cual exime de prisión preventiva a militares y policías procesados por acciones en le marco de “conflicto armado interno” cuando se declaró la guerra al crimen organizado.

Los militares involucrados en el caso se encuentran en la Cárcel de Latacunga, uno de ellos declaró los siguiente “nosotros simplemente cumplimos con el deber y estábamos enmarcados dentro del conflicto armado interno" dirigiéndose a los jueces que llevan el caso y suspendieron la audiencia.

Bajo la premisa que los militares mantienen sobre que la causa de la detención fue porque los menores estaban supuestamente involucrados en actos delictivos, los abogados de los soldados invocaron ante el tribunal de la Corte Provincial de Cotopaxi un artículo de la Ley de Solidaridad Nacional, recientemente promulgada por Noboa, que permitiría a sus defendidos seguir el proceso en libertad.

"He demostrado que fueron procesados por una circunstancia originada en el cumplimiento de su deber legal", insistió durante la audiencia el abogado Jesús López, defensor de los detenidos.

López pidió a los magistrados que la detención de los soldados sea declarada como ilegal y arbitraria y que, como medida de reparación, se ordene su inmediata libertad.

Antecedentes del caso

La noche del 8 de diciembre del 2024 cuatro menores de edad, Ismael y Josué Arroyo de 15 y 14 años, Steven Medina de 11 y Saúl Arboleda de 15, fueron detenidos de manera irregular por dos patrullas en los exteriores de un centro comercial de Guayaquil. Después de su detención fueron llevados a la zona de Taura, a 40km de la Base de la Fuerza Aérea.

Durante las primeras declaraciones los militares aseguraron que dejaron a los menores con vida en una zona rural, sin embargo, tres de ellos señalaron en una segunda reconstrucción de los hechos que, antes de su desaparición, los niños habían sido golpeados y humillados repetidamente por varios de sus compañeros. La autopsia de los restos de los menores reveló que recibieron disparos en la cabeza.

Los diecisiete procesados están a la espera de la realización de la audiencia preparatoria de juicio, que está previsto que se instale el próximo 10 de julio.

Defensa de víctimas advierte "incumplimiento" de militares

Fernando Bastias, abogado de las familias de las víctimas, pidió durante la diligencia que se rechace el habeas corpus, y aseguró que la desaparición forzada se configuró más bien por un "incumplimiento del deber legal", pues los menores fueron incomunicados tras ser detenidos por los soldados procesados.

Por su parte, el juez Dennis Ugalde, quien ordenó la prisión preventiva de los militares en el marco de la investigación por el delito de desaparición forzada, señaló que la Ley de Solidaridad debe ser interpretada en su contexto.

"Esta ley se aplica para combatir a grupos de delincuencia armada organizada, a economías criminales, no en contra de la población civil ni en contra de menores", señaló.

"Pretender que esta disposición que ha sido invocada como sustento de la presente acción constitucional sea aplicada para todas las actuaciones de los militares bastando con que haya una declaratoria de 'conflicto armado interno' es abrir una puerta a la impunidad de todos los miembros de las fuerzas del orden", añadió Ugalde.

El tribunal reinstalará la audiencia el próximo viernes para anunciar si acepta o no el recurso de habeas corpus interpuesto por los militares. EFE

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