El Estado y la politica de empleo

La Constitución, en su artículo 33 manifiesta: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía...”. Tal declaración en los últimos 12 años resultó ser “retórica pura”, ya que son pocos los privilegiados que poseen un trabajo pleno, 40 %, y muchos los desempleados, 60 %, que anhelan tenerlo.

El trabajo se sustenta en la coexistencia pacífica, complementaria, entre empleadores y trabajadores; el rol del Estado no es únicamente el de vigilar que no se produzcan excesos de ninguna de las dos partes. Aquello de la lucha de clases es un concepto que ha quedado arcaico en la práctica y constituye el mayor obstáculo para la creación de riqueza y empleo; quedando relegado al discurso tarimero de cierta cúpula sindical que defiende sus intereses particulares: “sindicalismo dorado”.

No existe riqueza sin la conjunción armoniosa de trabajo y capital, cuya finalidad es crear riqueza tanto para quien invierte arriesgando su dinero generando empresa, como para quienes trabajan en ella.

La competitividad y la productividad son elementos fundamentales para el crecimiento y expansión económica, no solo de los involucrados en la relación obrero-patronal, sino en el crecimiento económico de la nación. Productos baratos de buena calidad, al alcance de compradores nacionales y extranjeros, generan riqueza interna, estabilidad económica y crecimiento de empleo. Los elementos que impiden lo anterior son los incrementos salariales antitécnicos que encarecen la mano de obra por meras consideraciones políticas, los aranceles elevados, las contrataciones colectivas sin parámetros de regulación, que llegan a poner a la empresa en riesgo de cierre por pérdidas, ya que tales exigencias obligarían a aumentar los costos de producción, haciéndola ineficiente, sacando del mercado sus productos. El resultado: cierre, desempleo y encarecimiento del costo de la vida.

De lo descrito en las primeras líneas del párrafo anterior, queda claro que en el Ecuador no existe política laboral, y que el Estado no está cumpliendo su rol.