Fueron tres días de evasivas y preguntas sin respuesta. Siete autoridades de gobierno, incluyendo tres ministros de Estado, el fiscal general, el comandante de la Policía y los responsables de los servicios de inteligencia y seguridad ECU 911, se presentaron ante la Asamblea para rendir explicaciones sobre las circunstancias que rodearon la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado y fueron incapaces de aportar un solo dato relevante. Nadie sabe nada, nadie responde por nada. Las comparecencias terminaron ayer y rozaron el grado cero de la responsabilidad política. El Pleno, indignado, se reunirá la próxima semana para tomar una decisión sobre lo que muchos asambleístas consideran, desde ya, una tomadura de pelo. El fantasma del juicio político planea sobre el horizonte.

El cargamontón sobre el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, fue lo más destacado de una jornada que tuvo también como protagonistas al director del Centro de Inteligencia Estratégica (antes Senain), Jorge Costa, y el titular del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Rubén Robayo. Estos últimos pintaron un intrincado panorama reglamentario en el que ninguno de los dos tiene responsabilidad alguna sobre el monitoreo del sistema de vigilancia electrónica que vulneró Fernando Alvarado. Pero fue Michelena, que evidentemente tampoco la tiene, quien se convirtió en el centro de todos los ataques.

Por un momento el caso Alvarado quedó en segundo plano y los asambleístas de la oposición se dedicaron a restregarle a Michelena todos sus errores. Su participación en el gobierno pasado, su errático manejo del problema con los trabajadores impagos de los medios incautados y, sobre todo, sus desafortunadas declaraciones del domingo 21 sobre la prohibición de salida del país de los exfuncionarios del anterior gobierno, la purga interna y la lista de los 31 topos correístas que, preguntado varias veces al respecto, el funcionario no pudo o no quiso nombrar.

“Nos preocupa esa purga porque a lo mejor este gobierno se queda sin funcionarios”, ironizó Homero Castanier (CREO), y bautizó “la nueva especie zoológica” descubierta por Michelena: “Topus infiltratus correatum”. Más de uno le preguntó si se había puesto a sí mismo en esa lista. ¿Y al presidente? ¿Lo puso también al presidente? “¡Usted está cumpliendo funciones de pesquisa y no de secretario de Comunicación!”, arremetió la correísta Marcela Aguiñaga y enumeró lo que considera son sus características principales: “Su odio, su mediocridad, su ineficiencia”.

De vuelta al caso Alvarado, los asambleístas estuvieron no menos iracundos al comprobar que los tres días de comparecencias no dejaron nada en claro. Ni siquiera Rubén Robayo, el director del ECU 911, donde se ejecuta el monitoreo del sistema de vigilancia electrónica, fue capaz de aportar un dato válido. Lo suyo, dijo, se limita a prestar el espacio físico para que los señores del Ministerio de Justicia pongan sus consolas. Y Jorge Costa, director de Inteligencia: “Sobre el funcionamiento de los grilletes en ningún momento Inteligencia fue informada”.

“Ha sido una pérdida total de tiempo”, resumió Wilma Andrade. “No les creo absolutamente nada”, zanjó Israel Cruz, y Lourdes Cuesta fue aún más específica: “Aquí las autoridades nos han mentido”, dijo. Ana Galarza retomó la fórmula acuñada la víspera por Mae Montaño (“la culpa es del grillete”) y deslizó una variante temeraria: “¿Será la culpa del grillete o del billete?”. María José Carrión fue la única oficialista que tomó la palabra en tímida defensa del Gobierno.

En resumen: este es un desastre político sin responsables políticos. Lo que sí se puede decir es que todas las pelotitas cayeron en el campo del Ministerio de Justicia. Pero Paúl Granda, titular de esa cartera, que por delegar delega hasta lo indelegable (la responsabilidad política), continuó refugiándose tras sus subordinados. Por cierto, ¿quiénes son esos subordinados? La Asamblea se quedó sin saberlo.

Aquí huele a juicio político

La moción fue de Luis Pachala (CREO) y se aprobó con el voto favorable de 78 de 83 asambleístas presentes. Se resolvió pedir a las autoridades comparecientes que envíen sus versiones por escrito, con toda la información que puedan adjuntar, en un plazo de 72 horas. El Pleno se reunirá (probablemente el martes 6 de noviembre) para tomar una decisión.