Pierden la vida por llegar a EE.UU.

Nar no está en el mapa. Una treintena de casitas de adobe y cemento dan vida al pequeño pueblo, ubicado sobre la carretera, justo a la salida de Cañar. No hay un letrero que lo anuncie. Tampoco hay dispensarios médicos ni escuelas. De ahí Jonathan Sánchez emprendió el viaje hacia Estados Unidos.

Tenía 19 años y un plan. Iba a trabajar hasta 2026 y volvería, cargado de dólares, a celebrar la quinceañera de su hermana menor. Solo entonces, decía, se asentaría nuevamente en Ecuador.

Sobre la mesa de la sala, Marcia Andrade conserva un pequeño altar dedicado a su primogénito. Hay fotos de su graduación, otra con sus amigos. “Era un andariego”, recuerda y se seca las lágrimas con el dorso de la mano. “Le gustaba viajar y me convencía de que lo acompañe”.

Pero cuando le dijo que se iba a Estados Unidos no la convenció. El viaje la aterraba. “Le pedí que no se vaya, pero no hubo forma (de convencerlo). Me decía que él era el hombre de la casa y tenía que ver por nosotras”, narra.

A lo largo de la travesía, se comunicaban. “Le preguntaba si estaba comiendo bien. Es que era tan flaquito”, agrega. Hasta que un día, en diciembre de 2017, no llamó más.

De ahí en adelante, Marcia y su familia se vieron inmersos en el viacrucis de los que buscan a migrantes desaparecidos. Oficios a la Cancillería, llamadas diarias al consulado ecuatoriano en Texas, bingos, rifas y préstamos para poder suplir los costos de los exámenes de ADN y de un grupo de búsqueda en México, que el Estado no cubría. “Nos encontramos con que los protocolos se limitaban a la entrega de documentos para buscar a los desaparecidos y que el país lo que podía hacer era enviar la denuncia y los datos a Estados Unidos, pero nada más”. Un año y cinco meses después, sus restos aún están en el intrincado proceso para volver al país.

Wilson Murillo, vocero de la organización 1800 Migrante, explica que el caso de Jonathan es uno más de los cientos que anualmente pasan por su oficina . “El Estado tiene los recursos y los protocolos para la búsqueda y la repatriación. Debería ser más ágil, sin duda, pero el problema principal es la invisibilización de un problema latente. A pesar de los esfuerzos por frenar la migración irregular, hay un incremento sustancial en la cantidad de compatriotas que han salido del país este año, sobre todo ahora que no hay visa a México. Están saliendo familias enteras”.

Según los datos de la organización, en los últimos cinco años se reportaron 133 ecuatorianos desaparecidos en la frontera. Cancillería, en cambio, indica que la cifra es de 98 desde 2008 y que 50 aún no han sido hallados.

Los peligros son numerosos. Rutas desérticas sin poblados cercanos, un río correntoso, mafias de traficantes que secuestran a quienes cruzan. El Ministerio de Relaciones Exteriores indica que los riesgos son el eje de las campañas contra la migración irregular que realizan en los centros educativos del austro. Pese a ello, 3.700 ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos en los últimos tres años. ¿Por qué viajar si la ruta es incierta?

Nar, al igual que cientos de recintos de Cañar, Chimborazo, Loja y Azuay, identificadas como las provincias más propensas a la migración irregular, se enfrenta a una escasez de oportunidades laborales. De acuerdo con el informe más reciente del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), al menos el 56,9 % de la población rural labora en condiciones de subempleo, empleo no remunerado o empleo no pleno.

La migración irregular, explica Patricio Lozano, dirigente comunal de la parroquia San Lucas, en Loja, es una de las opciones que eligen los jóvenes para ayudar a sus familias. “Al menos el 15 % de los jóvenes de San Lucas han migrado a Estados Unidos de esta forma. Otros se van a las ciudades. Aquí no hay plazas de trabajo y el Gobierno no da créditos para negocios, es muy difícil”, recalca.

Luis Quezada y Leonardo González fueron los últimos en irse de esta pequeña parroquia rural de la etnia Saraguro. Ambos se ahogaron en el río Bravo intentando llegar ‘al norte’. El cuerpo de Luis volvió a casa la semana pasada y el de Leonardo aún no llega. “Al no contar con documentos, un familiar tuvo que viajar a México a que le tomen el ADN para hacer las pruebas y poder acceder a la repatriación”, explica Mario Román, gestor de seguridad del Ministerio del Interior de Loja.

A Myriam también la esperan en casa. La joven, oriunda del cantón Guamote, en Chimborazo, se lanzó al temido río huyendo de Los Zetas. Se ahogó en el proceso. Su padre, Fernando Paguay, atiende su pequeña chacra mientras aguarda su repatriación. “Lo último que me dijo era que ya llegaba, que pronto iba a mandar dinero para ayudarme”, reitera mientras se cubre el rostro con las manos.

Pero ellos, explica José Chuncuy, dirigente del cantón Huamipamba, son los que tienen suerte. “Ellos son los que tienen un lugar donde velar a sus hijos, donde visitarlos. Otros nunca reciben ni eso”. Agrega que no todos los casos se denuncian, principalmente por la cercanía de los coyotes a los familiares de los desaparecidos. “Muchos son gente de aquí mismo, o personas con mucho dinero. Las familias tienen miedo”.

Ahí, en Huamipamba, aguarda María Chunchi el regreso de Daniel, su hijo de 20 años. Sabe que es poco probable. Han pasado dos años. “Solo quiero que me lo devuelvan. Así sea un huesito. Quiero verlo antes de morir”.

La búsqueda, un trámite engorroso y lento

Reportar a un familiar desaparecido toma su tiempo. El Protocolo de Activación del Procedimiento Administrativo de Localización en el Exterior se hace primero a través de una solicitud de búsqueda y localización entregada a la Cancillería por los familiares. Esta pasa a la oficina consular más cercana y en ese proceso se deberá comprobar si este consta en el registro consular, si aparece en la página web www.desaparecidosecuador.gob.ec, si existe evidencia de que haya estado de tránsito en la ciudad o país donde se va a activar la búsqueda, el estado migratorio del desaparecido, entre otros puntos.

Tras esto se solicita información a las autoridades de EE. UU. para determinar si el compatriota se encuentra privado de la libertad, ha sido deportado o ha sido hallado muerto. “No se puede imponer la forma de verificación de la identidad, sino que debemos atenernos al procedimiento que utilizan esos Estados para verificar la identidad”, explicó la Cancillería a Diario EXPRESO.

El 69 % de las repatriaciones han sido aceptadas

En los últimos tres años, la Cancillería recibió 112 solicitudes para repatriar cuerpos de compatriotas desde Estados Unidos y México, de las cuales 78 fueron aceptadas. Según la entidad, los casos rechazados se dieron “por desistimiento de la familia o por no cumplir con los requisitos para la repatriación de restos mortales”. EXPRESO preguntó cuánto tiempo tomaba el cumplimiento de este proceso, pero la institución indicó que no hay un tiempo establecido. “El tiempo de duración depende de que los familiares o solicitantes cumplan con los requisitos establecidos, ya que al existir de por medio fondos del Estado ecuatoriano, se debe cumplir con la normativa establecida en la ley”. Para algunas de las familias, entre ellas la de Jonathan Sánchez y la del azuayo Daniel Ávila, el proceso ha tomado cerca de un año. “Ha sido muy difícil”, subrayó Marcia Andrade. “Al fin nos confirmaron que será en estas semanas, pero hay que ir a recogerlo a Guayaquil. Hasta ahí nomás cubre el transporte la Cancillería”.