El 16 de marzo último, César Valencia presentó en la Unidad Judicial de Trabajo de Iñaquito, en el cantón Quito, una demanda contra Petroecuador por pago de haberes laborales. Hasta diciembre de 2018 el reclamante constó en el registro de empleados de la empresa pública como supervisor de estación de la Jefatura de Operaciones Terrestres, en Esmeraldas.

Esta era la última de las centenares de causas de índole laboral que afronta la petrolera estatal, que desde febrero registra en su rol a 10.262 empleados, tras la fusión con Petroamazonas. El 80 % de esa nómina corresponde a personal operativo vinculado a las labores del giro de negocio, según sus autoridades.

El ministro de Energía y Recursos No Renovables, René Ortiz, había anticipado que en este año se desvincularía, de forma paulatina, a 500 funcionarios para optimizar el funcionamiento de la nueva compañía.

La mayor parte de los últimos procesos sobre conflictos laborales se ventilan en Esmeraldas. El desborde de causas ha forzado a Petroecuador a buscar patrocinio jurídico externo para defender los intereses de la institución. El pasado 11 de marzo inició los procedimientos para contratar un abogado, que colaborará con la jefatura zonal de asuntos jurídicos con sede en dicha ciudad.

Documentos para esa contratación, publicados en el portal de Compras Públicas, dan cuenta de la situación que afronta la entidad frente al vendaval de querellas laborales.

En esa jurisdicción, la petrolera dispone de tres abogados, que tienen actualmente a su cargo el trámite de 251 procesos activos, de los cuales 84 son de materia laboral y 36 del ámbito constitucional (acciones de protección y medidas cautelares). Esos expedientes, entre otros temas, involucran el reintegro de trabajadores.

En los últimos meses, esa jefatura recibe un promedio de 3 acciones constitucionales por semana. En Esmeraldas, el patrocinio de esos está a cargo de un abogado, refiere un oficio de Ana Cuvi, jefa de Patrocinio Laboral de Petroecuador, firmado en diciembre de 2020.

El profesional a contratar deberá interponer todos los recursos, reclamos y demás impugnaciones jurídicas pertinentes previstas en la ley, quedando también en la facultad para intervenir en las audiencias pertinentes. Sus servicios se ejecutarán en Esmeraldas y, de ser necesario en el resto del país.

El área jurídica de la petrolera estatal considera que los juicios en materia constitucional derivados de acciones de protección interpuestas en Esmeraldas, “son casos sensibles que demandan absoluta reserva y confidencialidad por estrategia jurídica, a fin de precautelar los intereses de Petroecuador”.

Hasta el cierre de este artículo la empresa no entregó a EXPRESO información solicitada sobre el número de causas activas de tipo laboral que tiene en trámite a nivel nacional, y con cuántos abogados propios cuenta para la defensa jurídica en esos casos.

DETALLES

Contratación

A través de un proceso de régimen especial, la empresa pública invitó al abogado quiteño Andrés Toscano Hernández para que brinde, por un año, los servicios de asesoría y patrocinio jurídico en acciones de protección y los recursos ordinarios y extraordinarios que se deriven de dichas acciones.

Indemnizaciones

Cuando se inició el proceso de fusión entre Petroecuador y Petroamazonas, el ministro de Energía, René Ortiz, señaló que la cartera a su cargo disponía de $ 110 millones para el pago de indemnizaciones a los trabajadores que desde este mes de marzo dejarán de pertenecer a la empresa.