Un proceso a tres tiempos. El escándalo de corrupción petrolera, denunciado por la prensa, mantiene en guerra de protagonismos a tres representantes del Estado: Fiscalía, Asamblea y Gobierno nacional

El primero cerró ayer, por ley, la instrucción fiscal de la causa de cohecho con la que 22 exfuncionarios han sido procesados. El saldo para la Fiscalía sigue siendo deficiente: solo tres se encuentran detenidos, entre esos el que el fiscal Galo Chiriboga ha identificado como “el cabecilla” de la banda: Marco Calvopiña, una teoría calificada de “tonterías” por el ala crítica del oficialismo, que denuncia un intento por cerrar una investigación sin todos los responsables identificados. Esta acusación encuentra su principal sustento en los hechos procesales: a partir de ayer no se pueden admitir nuevas pruebas ni procesados.

El segundo se vierte desde el Gobierno, cada vez más interesado en figurar a la delantera. El asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, el primero en volver públicos los nombres de los hoy sospechosos, menciona en un informe a Carlos Pareja Yannuzzelli, el exministro de Hidrocarburos y procesado de más alto rango. En su contra se valorará mañana una causa por enriquecimiento ilícito en la Corte Nacional de Justicia (pues, como exministro goza de fuero de corte) que se sumará al proceso por cohecho. Esto, en términos prácticos, podría valerle 30 días adicionales a la Fiscalía para investigar. Pero hay quienes creen que no es suficiente.

Por eso la tercera causa proviene de la reciente corriente crítica del oficialismo en la Asamblea, liderada por Christian Viteri (PAIS). El legislador prevé presentar el jueves en Quito una denuncia por lavado de activos que, en palabras de sus asesores, obligue a la Fiscalía “a mirar hacia donde no ha querido”. Con esta causa, los implicados en el caso no solo enfrentarían penas más altas, de ser hallados culpables; sino que el proceso entero podría comenzar desde cero, por lo que la asistencia penal internacional, con la que Ecuador espera recibir ayuda e información de otros países (especialmente Panamá), podría abrirse espacio en el calendario para ser incluida en el expediente. Así como nuevas pruebas y vinculados. Ese hecho podría cambiarlo todo: de momento solo se han abierto las cuentas de quienes supuestamente recibieron coimas, pero no de las empresas que las pagaron. Allí, apunta Viteri, reposa la información clave. ¿A qué otros altos funcionarios les han pagado?

Responder la pregunta requiere de pruebas y estas, de tiempo. De eso se trata: más tiempo.