Teresa Torres no puede evitar las lágrimas. En 2010, su progenitora de 66 años juntó toda su jubilación y un préstamo que hizo con tarjetas de crédito para completar 60.000 dólares e invertirlos en ese gran sueño que se gestaba en la ‘Nueva gran ciudad’. Seis años después, madre e hija están sin dinero, sin la pensión jubilar, con deudas hasta el cuello y - en ocasiones- sin comer. Todo: por tratar de comprar una casa.

Igual que ellas, más de mil personas se han visto afectadas por la empresa Promaga, promotora de la urbanización Andalucía, ubicada en el kilómetro 7,5 de la autopista Durán-Boliche, en Guayas. La situación los llevó a unos a denunciar el caso en la Fiscalía y, a la gran mayoría, la Defensoría del Pueblo, que anunció acciones.

La mañana de ayer, el organismo informó que derivará a la Fiscalía 647 expedientes de ciudadanos que denunciaron a Promaga, por el incumplimiento en la entrega de sus viviendas.

“Se trata de un caso que ha generado conmoción social, que ha afectado un derecho a la vivienda, que ha terminado con el sueño de... personas y que ha afectado a la seguridad jurídica”, dijo Zaida Rovira Jurado, coordinadora regional de la Defensoría del Pueblo en Guayas.

La mayoría de los casos corresponde a compatriotas que estaban en Italia, España, Estados Unidos, Aruba y presentaron sus quejas a través de la Cancillería, que - a su vez- remitió a la Defensoría del Pueblo, donde sumaron un total de 715 expedientes.

Tras conocer cada caso, Rovira señala que convocaron a las partes, para buscar la solución. “Durante todo este tiempo hemos buscado todas las maneras de acercarnos a los representantes y la respuesta siempre ha sido la misma. Ellos al inicio de este trámite hicieron propuestas de solución para devolver el dinero a 24 personas, con el resto nos dijeron que no iban a devolver porque la intención de ellos era buscar financiamiento que les permita terminar la construcción y ofertarles nuevamente”.

Ofrecimiento que no cree María Mayorga. Hace tres años regresó de España con sus hijas de 7 y 3 años y todos sus enseres. Luego de abonar 26.000 de los 40.000 dólares que le costaba la casa que adquirió, le dijeron que su vivienda ya estaba lista. Pero “al llegar acá encontré nada más que piedras”.

Carlos Cevallos, director de Víctimas de la Defensoría Pública, en Guayaquil, manifestó que analizarán cada caso para llevarlo a la Fiscalía. “No es un caso civil, no es un incumplimiento de contrato, sino que existe dolo y, por lo tanto, debe ser judicializado por la vía penal para lograr el resarcimiento a todas estas personas”.