El brutal asesinato del periodista saudí radicado en EE. UU. Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, y sus repercusiones geopolíticas, ha dominado los titulares de los diarios en todo el mundo. Su caso está lejos de ser una anomalía. Según el Instituto Internacional de Prensa, la violencia contra periodistas y la impunidad con los perpetradores son “dos de las mayores amenazas a la libertad de prensa en nuestro mundo hoy”. Los gobiernos pueden recompensar a los periodistas por acatar la disciplina con sobornos financieros o de otro tipo. Quienes se niegan a ser comprados, en cambio, pueden sufrir la pérdida de derechos básicos (como la renovación del pasaporte) o ver destruidas sus reputaciones. Algunos regímenes autocráticos emulan al presidente norteamericano Donald Trump y llaman “enemigos” a los periodistas por diseminar “noticias falsas”, un triste retroceso para EE. UU., país que históricamente ha representado un fuerte ejemplo positivo con sus mecanismos formales e informales para proteger la libertad de prensa y su cultura robusta de periodismo de investigación. El encarcelamiento es otra manera predilecta de los regímenes autocráticos para silenciar a los periodistas que se atreven a decir la verdad sobre el poder. En Turquía, más de 150 periodistas han sido encarcelados desde el fallido golpe de julio de 2016; el país es el mayor encarcelador de periodistas del mundo. Según un estimado, 73 periodistas han sido asesinados en lo que va del año, y en 12 países cinco o más asesinatos de periodistas no fueron resueltos en 2017. Esto incluye a países azotados por la violencia: Irak, Somalia y Siria, y también a democracias (y cuasidemocracias): Brasil, India, México, Nigeria y Rusia, varios de ellos aliados de EE. UU. y otros países occidentales, que muchas veces no han enfrentado ningún costo político o diplomático por sus acciones. En este sentido, el asesinato de Khashoggi envía un fuerte mensaje. Según la opinión general, el príncipe de la corona saudí, Mohammed bin Salman (MBS), ordenó el asesinato. Sin embargo, a periodistas y activistas por los derechos humanos en países en desarrollo que se benefician o dependen del respaldo financiero de Arabia Saudita se les pide cordialmente (o no) que se queden tranquilos mientras MBS recorre la región para restablecer su imagen. Incluso algunos países occidentales no han adoptado una postura. Entre los pocos suficientemente valientes como para hablar están 150 periodistas palestinos independientes que viven bajo la ocupación israelí, que han firmado una petición de Avaaz que sostiene que su asesinato marca “un precedente peligroso que amenaza las vidas de los periodistas, su derecho a la libre expresión, la libertad del trabajo periodístico y el derecho del pueblo a saber”. La petición también analiza más allá del caso de Khashoggi y exige la promulgación de “leyes vinculantes que protejan a los periodistas, garanticen su derecho a trabajar en libertad y castiguen a quienes violan este derecho”. Ante lo generalizados que son los crímenes contra periodistas y lo vital de su trabajo en nuestras sociedades, las demandas de la petición merecen respaldo de todos los ciudadanos donde la libertad de prensa está restringida o bajo amenaza.