Culpable. Jorge Glas, vicepresidente sin funciones y preso en la cárcel 4 del norte de Quito, fue condenado a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Es la primera sentencia que obtiene la Fiscalía por el caso que involucró la entrega de 33,5 millones de dólares en coimas de la constructora a funcionarios ecuatorianos, entre 2007 y 2016, a cambio de contratos con el Estado. La revelación la hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016.

El fallo contra Glas fue anunciado durante la reinstalación de la jornada 15 de juicio. Al juez Édgar Flores le tomó casi 45 minutos leer un resumen del fallo elaborado tras cinco días de analizar las pruebas que presentaron las partes. A su lado estaban los otros integrantes del tribunal, Sylvia Sánchez y Richard Villagómez.

Además del segundo mandatario fueron encontrados responsables del delito y condenados a la misma pena su tío, Ricardo Rivera; Carlos Villamarín, exsubsecretario de Recursos Hídricos de Senagua; Ramiro Carrillo, exgerente de Transporte de Petroecuador, y Édgar Arias, exgerente de la empresa Diacelec que, según la Fiscalía, servía como intermediaria para el pago de coimas.

Flores justificó la resolución en el testimonio anticipado del delator de Odebrecht, José Santos. Él aseguró que entregó dinero a Rivera para que la constructora regresara al país en 2010 y para acceder a nuevos contratos con el Estado. Odebrecht había sido expulsada, en 2008, por las fallas en la construcción de la central San Francisco.

Ese argumento se refuerza, leyó el juez, con el testimonio de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, quien aseguró que Glas lideró la salida de Odebrecht y las negociaciones para su regreso.

Santos también habló de la entrega de dinero al propio vicepresidente.

Pero ese no fue el único elemento. Flores mencionó, además, las asistencias penales internacionales de Estados Unidos y Brasil en las que se detallaron las transferencias, los montos, los códigos y los proyectos por los cuales se entregaron los sobornos. Dijo que entre las pruebas documentales que alimentaron la decisión se encuentran los contratos de los cinco proyectos emblemáticos del gobierno de Rafael Correa en los que se sospecha que hubo entrega de sobornos. Ellos son Manduriacu, Pascuales-Cuenca, Daule-Vinces, la Refinería del Pacífico remoción de tierras y Acueducto La Esperanza.

Según el tribunal, los actos del vicepresidente fueron fundamentales para la consumación de la asociación ilícita porque como servidor del Fondo de Solidaridad, ministro de Sectores Estratégicos y luego como vicepresidente “en asocio con José Santos, representante de Odebrecht, articuló la concesión de contratos en los Sectores Estratégicos a cambio de privilegios no previstos”, leyó.

El fiscal, Carlos Baca Mancheno, había pedido para los sentenciados la pena máxima contemplada en el artículo 370 del otrora Código Penal (seis años). Los jueces acogieron esa solicitud.

De Rivera, el tribunal consideró que también facilitó la consecución del delito al ser el intermediario en la relación entre corruptor y funcionario público.

José Terán, Gustavo Massuh y Kepler Verduga también fueron considerados autores, pero por su colaboración eficaz y la información que entregaron a la Fiscalía, recibieron una pena de solo 14 meses de cárcel. Para ellos hubo una rebaja del 80 % de la pena que se aplicó a los otros procesados.

Para Diego Cabrera, un abogado que ayudó en la constitución de dos empresas a Terán, se ratificó su estado de inocencia y se dispuso su inmediata libertad.

Pero eso no es todo. El caso de corrupción estructurada por Odebrecht en el país y que involucró a la segunda máxima autoridad en funciones tendrá otras aristas legales y financieras.

Las primeras: el tribunal dispuso al fiscal que investigue a los procesados por testaferrismo, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias. Todas acciones derivadas del delito sancionado.

Otro caso deberá ser abierto en contra del empresario Wladimir Sper y, otra vez, Carrillo, por presunta falsificación ideológica. Flores pidió la apertura de un expediente por la filtración de un audio de una de las exposiciones en la audiencia de juicio que apareció también en la cuenta de Twitter del expresidente Rafael Correa.

En el plano económico, el tribunal ordenó el comiso de acciones en empresas pertenecientes a Massuh, Terán, Verduga y Arias. Dispuso que la reparación integral de 33’396.116 dólares sea pagada por los sentenciados, a quienes se les suspendieron además sus derechos civiles.

La sentencia deberá publicarse en tres periódicos de circulación nacional y en los portales web institucionales.

El tribunal aceptó la acusación particular presentada por el dirigente político César Montúfar, quien señaló que la sentencia es un inicio que deberá completarse con los otros procesos penales establecidos.

Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, anunció que apelará la condena que consideró ‘inicua’.