Aunque la Constitución de la república proclama en su artículo 1 que; “El Ecuador es un estado...laico.”, la práctica ha evidenciado que el pensamiento de la Iglesia católica, la de mayor número de seguidores, tiene gran influencia en el diseño de las políticas públicas.

No obstante, en lo relacionado con salud y salud reproductiva, la Carta Magna establece: Art. 363: “El Estado será responsable de:...6) Asegurar y realizar acciones de salud sexual y de salud reproductiva...”.

Conociéndose que el aborto es una práctica indeseable por una serie de razones biológicas y sicológicas, es importante recordar los textos constitucionales antes citados cuando la doctrina oficial de la Iglesia católica ha decidido asumir oficialmente, la absolución indefinida del pecado del aborto facultando a sus sacerdotes a otorgarlo.

Es importante destacar que de esa capacidad ya disponían algunos sacerdotes en los Estados Unidos de América, pues sus obispos los habían autorizado a ello.

Sin duda, una clara política de control de la natalidad como la del gran país del norte, debió propiciar que los dirigentes católicos, miembros de una religión minoritaria entre las iglesias de signo cristiano, vieran en las diversas formas de control natal una vía para evitar el embarazo no deseado que, bien se sabe, culmina muchas ocasiones en aborto o con la muerte prematura del recién nacido.

Como formalmente, la Iglesia católica se sigue oponiendo al uso de métodos anticonceptivos, es importante llamar a la reflexión cuando se da el pronunciamiento papal motivo del presente editorial.

Observando la situación desde una mirada realista, cabe preguntar con la mejor intención en defensa de la biología y la sicología de las mujeres, especialmente de las de menor condición económica: ¿si por misericordia se amplía la posibilidad de perdonar el horrendo pecado del aborto, sin dejar de considerarlo tal horrendo, no sería apenas lógico perdonar el pecado menor del uso de métodos anticonceptivos que evitarían en muchos casos todos los riesgos del aborto?

Es deseable que en el diseño de políticas públicas, en un Estado laico, prime el interés general y evitar el embarazo no deseado debe ser, exclusivamente, una decisión de la pareja, respaldada por políticas públicas que no tengan otras motivaciones que el bien común.