Un paso polemico en El Guabo
Los denunciantes sostienen que el riesgo es creciente para el presente y futuro de la vía y el puente, que se estaría deteriorando.
Luego de una intensa y prolongada audiencia, el pasado 22 de febrero en la Unidad de Garantías Penales de El Guabo dentro de una acción constitucional de protección, la jueza María Fernanda Gallardo ordenó el retiro de maquinaria y personal que construía una vía en el paso lateral de la nueva autopista ‘Y de Tillale-Y de Corralitos’.
Los productores agrícolas habían presentado una acción de protección por la construcción de vía de acceso en la ruta E25 (hacia la concesión minera no metálica ‘Arenales del Pantanal 2’ de Ángel Aguilar), que habría comenzado a ejecutarse a mediados de febrero, “contraviniendo expresas prohibiciones contenidas en un acuerdo ministerial expedido en su momento por la entonces ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP)”.
La protesta, que involucra a los agricultores de la zona (bananeros y cacaoteros) e incluso del segmento de la transportación, se sustenta en el hecho que la construcción del paso perimetral generaría a futuro la circulación de equipo caminero de alta envergadura que en primera instancia, para su apertura, comenzó a generar estragos en la infraestructura que forma parte de la autovía Santo Domingo-Huaquillas.
“Los moradores y agricultores del sector censuramos estos trabajos porque debilitarán el puente y a corto plazo afectaría el tránsito por esta vía”, dijeron productores que -a su criterio- cuentan con respaldo legal. Ellos sustentaron así el recurso interpuesto en contra de Juan Idrovo, director administrativo de delegaciones y concesiones del MTOP, Jorge Hidalgo Zavala.
Durante la audiencia, a la que asistió el accionante, el representante técnico-legal del MTOP, el concesionario, su asesor legal y otros actores vinculados con el caso, y tras escuchar las argumentaciones de las partes, la jueza notificó de las medidas cautelares a Juan Idrovo y a las autoridades del ministerio.
“Considerando la magnitud de los riesgos provocados por la decisión dispongan lo correcto”, señala.
La operación de la maquinaria quedó suspendida a raíz de la decisión de la jueza “en pleno cumplimiento de la orden judicial que dispuso su retiro junto a personal asignado al sector para ese objetivo”.
En la providencia se advierte que los trabajos representan una posible amenaza o violación de derechos reconocidos en la Constitución, por los daños que ocasionaren contra el tramo vial inaugurado en noviembre del 2018.
Del caso también se notificó al Delegado Provincial de la Procuraduría General del Estado y el Delegado de la Contraloría para los fines legales pertinentes.
La vía es vital para la salida de los productos de exportación a los mercados.
Es necesario analizar los riesgos posibles
La jueza abrió un término de prueba a fin de establecer, con asesoramiento técnico y peritos especializados, no solamente los posibles daños, sino los riesgos que implicaría la entrada y salida de volquetes cargados de material pétreo por el camino construido e impugnado. La acción planteada, según insistieron, tuvo el objetivo de proteger la naturaleza, el medio ambiente y fundamentalmente que no genere riesgos a la gran “obra construida con recursos públicos que desde su inauguración casi a fines del pasado año 2018 ya beneficia a orenses y ecuatorianos en general”.
La tesis o argumento de la parte accionante tras la audiencia demostró que la autorización concedida al concesionario para construir la vía de acceso a la zona donde se proyecta la explotación y posterior comercialización de materiales pétreos del río Jubones, causaría gravísimo daño a la infraestructura vial. MG