El pasaporte, objeto de deseo para los venezolanos

“No solo es el hecho de que nos pidan el pasaporte, es que en Venezuela no están entregando el documento. Hay gente que ha pedido el pasaporte desde hace un año y no hay plástico para imprimirlo. Además cuesta hasta 70 millones de bolívares sacarlo”, contó a EXPRESO Wilmer Colmenares. Él llegó ayer a Quito desde Maracay.

Sus compatriotas que, desde hoy, intenten entrar por los pasos migratorios tendrán que presentar, obligatoriamente, el documento. Lo decidió el jueves el Gobierno de Lenín Moreno. Los migrantes, obviamente, están en desacuerdo. Un grupo que conversó ayer con este Diario así como el representante de la Fundación de Venezolanos en el Exterior advierten que la medida derivará en ilegalidad y una posible proliferación de trata de personas.

Justamente lo que el Gobierno ecuatoriano dice que intenta frenar al exigir el pasaporte. “Hemos detectado documentos de fácil falsificación que son utilizados por grupos que promueven la delincuencia organizada”, explicó ayer Patricio Carrillo, director de Operaciones de la Policía Nacional. Por eso, él defendió que la decisión es “oportuna y necesaria”.

Pero los venezolanos solo advierten una dificultad más a la lista de problemas que trajo la crisis económica en su país. “Imagínese que ni la cédula podemos renovar porque las autoridades de Venezuela no nos la entregan. ¿Cómo van a hacer nuestros familiares para obtener el pasaporte?”, dijo Luis Gamboa. Él lleva dos días aquí y asegura que hace más de un año solicitó la renovación de la cédula. Salió de su país con el documento antiguo.

Juan Hernández, de 64 años, quien llegó ayer desde Guanare, reconoce que la única forma de conseguir los documentos en su país es de forma irregular, pagando a tramitadores. Ellos, según contó, cobran hasta cinco millones de bolívares por cada trámite, sin contar con el pasaporte que cuesta 70 millones de bolívares (281 dólares). El sueldo en Venezuela es de cinco millones de bolívares.

Considera que pedir el pasaporte no frenará la migración. “Esto va a fomentar la irregularidad porque hay miles de venezolanos tratando de salir de allá y van a hacer lo que sea para lograrlo”, dijo.

El representante de la Fundación de Venezolanos en el Exterior, Eduardo Febres Cordero, aún cree posible que Moreno dé marcha atrás. Ayer, entre los medios hizo un llamado para que el Gobierno de Ecuador revea su decisión. Confirmó las versiones de sus compatriotas: obtener el pasaporte en Venezuela es un problema por el costo y por el tiempo en que se tardan en entregarlo.

Según el dirigente, ni siquiera las renovaciones están siendo tramitadas. Según él, hay gente que tiene hasta un año solicitándola. En Ecuador, ese trámite cuesta 280 dólares en la Embajada. Para ellos, el equivalente a 69 millones 587 mil bolívares.

Otra de las afectadas es Sheila Correia. La mañana de ayer, ella fue (otra vez) a la Embajada en Quito. Contó que desde enero intenta renovar su pasaporte que vence en octubre y el de su hijo que caduca el mismo mes. “Estoy a diario averiguando sobre mi trámite y no tengo respuesta. Solo me dicen que debo esperar. Ya van seis meses esperando”, dijo.

Febres Cordero cree que la decisión de Ecuador está afectando los derechos humanos de los venezolanos y la unificación familiar. “Quienes salen de Venezuela lo hacen por necesidad pero también con el afán de reunirse con su familia que ya ha migrado”, sentenció.

La tarde de ayer, la Defensoría del Pueblo presentó un pedido de medidas cautelares para evitar que la disposición entre en vigencia. La acción recayó en la Unidad Judicial de Niñez y Familia. Si es aceptada, se suspendería la orden del Gobierno.

¿Es legal la medida?

Rafael Oyarte, abogado

“No se está imponiendo una visa, sino el requisito del pasaporte porque la cédula no es segura. No es facultativo el control migratorio. Es una obligación legal y si el documento no lo permite, pues hay que exigir uno que tenga posible la determinación de la verdadera identidad de quien solicita su ingreso a nuestro país”.

Salim Zaidán, abogado

“Además de inconstitucional, es ilegal, es contrario a la Ley de Movilidad Humana. Esta señala que hay que dar un tratamiento especial a los sudamericanos, se determina que pueden ingresar solo con la cédula que se constituye en documento de viaje. La ley no precisa que debe ser el pasaporte”.