La Función Electoral está a punto de entrar en crisis nuevamente. El uso de un sistema informático inadecuado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) provocó una cascada de errores que incluiría el reconocimiento de organizaciones políticas que no habrían cumplido con los requisitos para el efecto.

Eso se desprende del informe borrador que leyó ayer la Contraloría General sobre el ‘Examen especial a los sistemas informáticos e infraestructura tecnológica, comunicaciones y contratos relacionados utilizados en la inscripción, registro y extinción de organizaciones políticas del período comprendido entre el 1 de febrero de 2013 y el 31 de agosto de 2018’.

El documento, compuesto por casi 80 hojas y cuya lectura tomó cerca de tres horas, señala que el sistema ControlCap, que sirve como verificador de las firmas y registros desde 2012, reconoce apenas 9 de los 10 dígitos que tiene toda cédula de identidad de los ecuatorianos.

Es decir que el décimo dígito, que es el verificador, tuvo que ser ingresado manualmente y ahí se agravaron los problemas porque hubo errores en la digitación. Según los auditores de la Contraloría, unos 118.802 números de cédulas que fueron presentadas por algunas organizaciones políticas para su inscripción debieron ser eliminados, pero fueron validados sin que el sistema los corrobore.

¿Por qué los técnicos informáticos del CNE no pudieron corregir esta y otras falencias de la herramienta tecnológica? Según la auditoría, el organismo electoral no cuenta con el código fuente del sistema de revisión de firmas que usa, lo que le impide hacer cualquier reforma o modificación. Eso les ha obligado a desarrollar aplicaciones alternas que han mejorado de alguna forma la verificación.

Es así que entre 2012 y 2015 se encontraron unas 24.470 firmas repetidas en los formularios presentados por los partidos y movimientos; mientras que de 2016 en adelante, cuando se puso a funcionar un aplicativo, ese número se ubicó en 11 firmas repetidas. Las omisiones, sin embargo, no solo fueron tecnológicas, sino también humanas, considera la Contraloría.

De forma aleatoria, los auditores revisaron el proceso utilizado en la verificación de las firmas de algunas organizaciones políticas y en cuatro casos encontraron que fueron calificadas con firmas que presentan irregularidades, lo que les impide alcanzar el 1,5 % del último padrón electoral, que es uno de los requisitos para lograr vida jurídica.

Sin embargo, fueron admitidas, vienen participando en los últimos procesos electorales desde su calificación, han recibido dinero público del Fondo de Promoción Electoral y han puesto hasta autoridades.

Es este grupo, según el informe borrador, está Fuerza Compromiso Social, que es el partido fundado por el exministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel, quien a finales de mayo fue condenado a 10 años de prisión por el delito de lavado de activos. Él fue candidato a la presidencia en 2017.

La situación del líder de Compromiso Social fue aprovechada por el correísmo, que corrió en las últimas elecciones seccionales cobijado por esta organización y prácticamente han tomado el control de esta tienda política. En las últimas seccionales ganaron las prefecturas de Pichincha y Manabí con Paola Pabón y Leonardo Orlando, respectivamente. También concejalías, especialmente en Quito.

Además están en la mira: Podemos, que es liderado por el exprefecto de Azuay Paúl Carrasco, que “tiene aspiraciones nacionales”, según le dijo a EXPRESO; Justicia Social, que fue fundado por Jimmy Salazar, esposo de la exjueza de la Corte Constitucional Pamela Martínez, investigada por el caso denominado Arroz Verde; y Libertad es Pueblo, que tiene como una de sus principales figuras a Gary Moreno, hermano del presidente de la República.

Otra falencia que detectó el examen es que el CNE no tiene un mecanismo claro y confiable para tramitar la extinción de las organizaciones políticas, así como los pedidos de desafiliación o expulsión de adherentes. Eso le impide llevar un registro histórico y dificulta la verificación de las firmas que ya están usadas con las que van quedando libres.

Varios funcionarios del CNE que se verían afectados si se ratifica el informe rechazaron las conclusiones y afirmaron que la Contraloría está haciendo, incluso, una interpretación a la ley, lo cual no es su competencia. Advirtieron que se defenderán, incluso en el plano legal.

A partir del lunes, durante cinco días se podrá presentar los documentos de descargo, antes de que el informe sea conocido y aprobado por el contralor, Pablo Celi.

Examen

Consultas van a control

La Contraloría también auditó las elecciones generales y consulta popular de 2017 y la consulta popular de 2018.

Entre otras cosas, preliminarmente concluyen que la falta de control en la elaboración del registro electoral hizo que se incluya en 2017 a 26.101 personas y en 2018 a 9.396 que no cumplían los requisitos para votar.

También se encontraron gastos no justificados, como el pago por condolencias y felicitaciones a Cuenca por su fundación, en un contrato que estaba destinado para otros objetivos.