Participacion evidencia red de corrupcion en rehabilitacion de la Refineria
El organismo transitorio aprobó el informe sobre la Rehabilitación Integral de la Refinería de Esmeraldas.
Antes de concluir con sus actividades, el pleno del Consejo de Participación transitorio aprobó el informe sobre la Rehabilitación Integral de la Refinería de Esmeraldas. Según el documento, uno de los mayores proyectos hidrocarburíferos del país se convirtió en el referente de una presunta red de corrupción. En esa organización estarían involucrados altos funcionarios del anterior gobierno.
El Consejo pedirá a la Fiscalía que acelere los procesos abiertos en contra de los exfuncionarios Álex Bravo, Carlos Pareja, Diego Tapia, Marco Calvopiña, Marcelo Reyes, Pablo Romero, Diego Rovere Buitrón, Carlos Quinde, Raymond Falcón Jr y Jaime Morillo, quienes podrían estar involucrados en el presunto delito de peculado.
Habrá también un pedido a la Contraloría para que explique por qué hasta la fecha no ha enviado a la Fiscalía al menos nueve informes con indicios de responsabilidad penal elaborados por sus auditores.
El organismo transitorio solicitará a Petroecuador que revise e impulse acciones inmediatas sobre los procesos administrativos mal ejecutados y gestionados por funcionarios de la estatal quienes, según el Consejo, habrían vulnerado el sistema económico, financiero y legal.
En el informe se establece que hasta la actualidad la Refinería afronta problemas operativos que ocasionan paros de su producción. Eso obliga a la importación de derivados de petróleo —naftas, diesel, gas licuado de petróleo— para el consumo interno, ocasionando un perjuicio económico al Estado.
Entre las anomalías se encontró que una empresa —registrada como fallida en el portal de compras públicas— recibió un contrato para la rehabilitación de la Refinería. También se gestionaron créditos externos en nombre de la estatal —como el de la Empresa Noble Americas Corp, por mil millones— a cambio del suministro de naftas de alto octanaje y diesel premium, supuestamente para el financiamiento de los programas de rehabilitación de la Refinería, sostenimiento de plantas de refinación y el proyecto de construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca. El Consejo señala que no existe evidencia de que el dinero entregado se hubiere invertido en los proyectos mencionados.
Finalmente se cita que, como en otros casos emblemáticos, la auditoría interna, las unidades legales y financieras de la empresa pública no prestaron la atención debida a los procesos de contratación y no precautelaron los intereses del Estado.
Lo mismo ocurrió con el excontralor Carlos Polit, sobre quien afirman que no cumplió su obligación de control. Se menciona también a Galo Chiriboga, en su calidad de exfiscal, expresidente Ejecutivo de Petroecuador y exministro de Energía y Minas.
