Más bajas que designaciones. Al Consejo de Participación Ciudadana transitorio le quedan algo más de cuatro meses para terminar de designar a todas las autoridades que cesó durante el proceso de evaluación que inició en marzo de 2018.

De los 29 funcionarios que terminaron funciones de forma anticipada ocho han sido reemplazados de forma definitiva y el resto se mantiene con encargos. Por eso, el organismo transitorio le puso el pie en el acelerador.

Hasta el viernes deberán postularse los interesados en participar en el concurso para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, que ha tenido tres encargos tras la salida de Carlos Baca Mancheno. Primero estuvo el fiscal general subrogante Gen Rhea; le siguieron Paúl Pérez Reina, quien renunció en noviembre a esas funciones; y actualmente está la fiscal subrogante Ruth Palacios.

Otro concurso abierto es para titularizar al defensor del Pueblo y al defensor público.

En total son doce las designaciones que están en curso y en diferentes etapas.

El Consejo de Participación transitorio está pendiente de la sanción definitiva de las reformas a la Ley de Comunicación. El Gobierno ha anunciado que enviará el veto parcial a la Asamblea en este mes. Las reformas aprobadas en segundo debate eliminan la figura del superintendente de Comunicación y de confirmarse aquello, el Consejo ya no tiene nada que hacer en este caso.

Además de la selección de autoridades, el organismo transitorio tiene otro trabajo pendiente. En los próximos días empezará a informar sobre los resultados del análisis que hizo a nueve obras calificadas como “emblemáticas” por el anterior Gobierno.

Estas son el poliducto Pascuales-Cuenca, los proyectos hidroeléctricos Mazar-Dudas, San Francisco, Manduriacu, Toachi-Pilatón; el trasvase Daule-Vinces; los hospitales públicos y las escuelas del milenio.

Las investigaciones, consideradas prioritarias por las denuncias de corrupción, podrían derivar en nuevos procesos penales y administrativos en contra de los exfuncionarios de la década pasada, especialmente los vinculados a la construcción de esas infraestructuras.

El organismo informó que desde su creación, en marzo del 2018, recibió un promedio de 39 denuncias contra la corrupción. Pero desde que se implantó el transitorio la cifra se disparó a 441 casos, muchos de los cuales están en proceso de investigación.

Las destituciones

La afinidad con Rafael Correa fue la principal causa

El Consejo de Participación Ciudadana transitorio examinó a varias autoridades y encontró, según sus informes técnicos, que la mayoría tenía una fuerte vinculación con el expresidente Rafael Correa. Esa fue la principal causa de destitución. Los funcionarios públicos evaluados respondían a intereses políticos más que al servicio ciudadano.

Carlos Ochoa, exsuperintendente de Comunicación, es un ejemplo. A más de cobrar salarios y beneficios excesivos en un medio de comunicación incautado -que ahora tiene problemas para pagar los salarios de su personal-, Ochoa emitió resoluciones y sanciones que, a decir del Consejo transitorio, favorecían al expresidente y a su equipo de colaboradores. Muchos de ellos enfrentan procesos legales por actos de corrupción.

Otro ejemplo fue el Consejo de la Judicatura. Su titular, Gustavo Jalkh, fue secretario particular y hombre de confianza de Correa antes de dirigir las riendas del máximo organismo legal del Ecuador.