La década de los setenta fue de violentas pugnas entre las derechas e izquierdas políticas latinoamericanas. Tras la caída de Allende y la posterior aparición de Velasco Alvarado en Perú, los extremos no obstante se unieron alrededor de los postulados de las denominadas leyes de seguridad nacional. En todas sus versiones, sus prescripciones proclamaban la supremacía del Estado como rector de la sociedad, la arbitrariedad en la interpretación de las normas legales, la limitación del debido proceso, y, en la esfera de lo económico, la reserva de los denominados “sectores estratégicos” para el dominio exclusivo de las empresas estatales.

En el Ecuador, los sectores de las telecomunicaciones, de la electricidad y del petróleo quedaron consagrados como actividades de competencia estatal. Fueron así establecidos monopolios que no tenían razón alguna de ser competitivos, ni de defender el interés público, sino más bien de afianzar la autoridad de aparatos burocráticos con aspiraciones empresariales.

En la década de los noventa se dio la reacción. Fueron repudiadas las leyes originadas en los conciliábulos pinochetistas, velasquistas y videlistas, procediendo a darse las privatizaciones que, en general, cambiaron la faz de los países que decidieron fortalecer sus economías en el modelo de mercado. La onda privatizadora tuvo eco virtual en el Ecuador, pero en la práctica la única apertura que se dio fue en el ámbito de las telecomunicaciones. La paradoja radica entonces en el rechazo a todos los elementos de la filosofía de la seguridad nacional, excepto por la permanencia impertérrita de los famosos sectores estratégicos.

El cambio en las fortunas obliga ahora a proponer la privatización de empresas, algunas de ellas “estratégicas”. Es correcto que el Gobierno enfoque su acción en aquello que verdaderamente le compete y deje a los sectores productivos hacer lo suyo. Por otra parte, el momento no es el más oportuno. La economía está seriamente comprometida y las inversiones deprimidas. No existe un marco legal adecuado para acomodar la desinversión o la disposición de los negocios; algunos de ellos están muy maltrechos, y la tendencia irresistible a cambiar las reglas del juego no augura condiciones conducentes a transacciones bien sucedidas.