Imagen referencial. 229 partidos permanecen en el registro de organizaciones políticas tras la eliminación del jueves.

La papeleta electoral pierde a 47 partidos

Los excluidos incumplen los requisitos de la ley electoral vigente. Algunos se inscribieron pero no participaron en ningún comicio.

El país amaneció ayer con menos organizaciones políticas que en marzo pasado, cuando se celebraron las elecciones seccionales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió, la noche del 31 de octubre, dar de baja a 47 partidos y movimientos que incumplieron los requisitos determinados por el Código de la Democracia para su subsistencia.

La atención se había centrado en los partidos con ámbito nacional que están en capacidad de proponer candidatos para las elecciones presidenciales de 2021. Antes de que se conozca el informe técnico del organismo electoral, se especulaba que podrían ser hasta tres los grupos políticos sentenciados a la desaparición.

A la hora de la verdad, cuatro departamentos técnicos del CNE coincidieron en que el único que no se apegó a la normativa vigente es Adelante Ecuatoriano Adelante, del empresario Álvaro Noboa que ha sido candidato a la presidencia por cinco ocasiones y no descartaba una sexta con ese partido político.

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¿Cuáles son los requisitos que exige la ley electoral ecuatoriana? Debe cumplir, al menos, uno de estos requisitos: 4 % de los votos válidos en dos elecciones nacionales pluripersonales consecutivas; por lo menos tres asambleístas; 8 % de alcaldías (18) o un concejal en el 10 % de cantones (21).

Eso tampoco cumplieron 19 movimientos políticos provinciales que tienen capacidad de proponer candidatos a alcaldes, prefecto, concejales y asambleístas, que también serán elegidos el próximo año. En Guayas, por ejemplo, se eliminó al Movimiento Emergente Transparencia y Acción Política (META) que fue creado por el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Alfonso Harb.

En Pichincha se optó por la extinción del Movimiento Vive, que, en su momento, fue liderado por Antonio Ricaurte que llegó a ser alcalde de Quito, aunque por encargo. También al movimiento MASS del exconcejal de Quito, Eddy Sánchez, que el 25 de octubre pasado fue llamado a juicio por el presunto delito de lavado de activos, junto a otros miembros de su familia.

La lista se completa con otros grupos políticos como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Zamora Chinchipe que fue cercano a Alianza PAIS en la época del expresidente Rafael Correa y en 2016 apoyó en la campaña presidencial a Lenín Moreno.

A nivel cantonal también llegó la purga del organismo electoral. De los 23 partidos que fueron eliminados la noche del jueves, cinco se inscribieron pero no participaron de las elecciones de 2014 y tampoco de 2019. Ese es el caso del Movimiento Integración Cantonal Renacer del Guayas.

La decisión tomada por el CNE no solo que borra del registro de organizaciones políticas, también excluye de la base de datos a las personas que constan como adherentes y adherentes permanentes de dichos grupos. El Consejo Electoral será el encargado de nombrar a las personas que se encargarán de la liquidación.

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Salarios

Tras la extinción, despidos

Mientras se discutía la extinción de las organizaciones políticas, la noche del jueves, los funcionarios del CNE vivían su propio calvario.

La mañana del 31 de octubre, empezó a circular la versión de que el organismo no contaba con los recursos para pagar los sueldos de noviembre y diciembre por un atraso en la gestión de recursos.

El rumor se convirtió en realidad a la media noche cuando, por correo electrónico, se les notificaba que estaban despedidos. “Unos 570 servidores públicos del CNE perdieron su trabajo y sus familias se han quedado sin sustento”, escribió el vicepresidente, Enrique Pita.

Según la presidenta del CNE, Diana Atamaint, el organismo necesita algo más de $ 1,3 millones para cubrir ese rubro. Eso le explicó en dos cartas enviadas, entre el miércoles y jueves, al ministro de Finanzas, Richard Martínez.

La funcionaria advertía que prescindir de estos funcionarios pondría en riesgo el normal funcionamiento del Consejo.

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