Hay más culpables. Las sentencias de delitos relacionados con estupefacientes aumentaron desde agosto de 2014, cuando vio la luz el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según datos del Consejo de la Judicatura, en 2014, hubo 523 sentencias por delitos de drogas y al año siguiente llegaron a 4.163. Casi ocho veces más.

El dato es aún más llamativo este año. A la fecha, el número de sentencias es de 4.483 en todo el país. En total, desde la existencia del nuevo código, han habido 9.169 fallos (ver cuadro).

Guayas y Pichincha tienen el mayor número. En conjunto registraron 5.102. Manabí, Santo Domingo y Los Ríos ocupan los siguientes puestos, con 705, 408 y 406 sentencias.

En la lista siguen El Oro con 298, Esmeraldas con 286, Carchi con 269, Imbabura con 220 y Tungurahua con 168.

¿Por qué el crecimiento acelerado? Según el fiscal general Galo Chiriboga no hay gran variación en el tratamiento de delitos de narcotráfico con el COIP. Lo que sí existe, dijo a EXPRESO, es una mayor capacidad de investigación. Resalta una fortaleza: con el COIP los temas de narcotráfico son investigados con mayor capacidad técnica.

Además el funcionario destacó que hay mayor cooperación internacional. La Fiscalía no solo estudia ilícitos aislados porque hay investigaciones a narcotraficantes por lavado de activos y se sigue la pista por las rutas de circulación.

En la Defensoría Pública también hay un alza en las cifras relacionadas con el narcotráfico. Los sospechosos acuden en mayor cantidad a golpear las puertas de la entidad. En 2016, la Defensoría recibió 13.229 solicitudes de atención. De ese número, el 15,4 % correspondió a mujeres.

Según el defensor público, Ernesto Pazmiño, “en su enorme mayoría son pobres, madres de familia que fueron víctimas del narcotráfico y de la delincuencia organizada”, indicó a este Diario.

Asegura también que el año anterior, cuando no estaba en vigencia la nueva tabla de sanción al tráfico de drogas ni las reformas del COIP, las cifras fueron menores. Pazmiño prevé un repunte incluso mayor al de 2014, cuando regía el anterior Código Penal.

El defensor recuerda que antes de las modificaciones, la norma era desproporcional, pues por la misma cantidad de droga se imponían penas “diametralmente distintas”.

El cambio, sin embargo, es insuficiente. “Nuestro balance es que nuevamente se ha puesto en vigencia una conducta judicial caracterizada por la desproporción de las penas y la persecución al eslabón más débil de la cadena”, dijo Pazmiño.

Otro factor a considerar es el de la productividad policial en el combate del delito. El ministro del Interior, José Serrano, destaca ese trabajo. La semana pasada se incautaron 450 kilos de droga líquida y el total de 2016 subió a 71 toneladas decomisadas. De esa cantidad, 11 iban al microtráfico y 60 para expendio internacional. También se desarticularon 55 bandas de micro y narcotráfico.

Fernando Carrión, catedrático de la Flacso, tiene interrogantes sobre el aumento. Él no cree que todo se deba a la eficiencia del COIP.

El experto agrega que todo lo que hace la policía es un paso anterior a la competencia judicial. Dice que si se incrementaron las capturas puede existir mayor eficiencia o mayor paso de narcóticos por Ecuador. Y eso no se puede precisar porque “no se conoce cuánta droga cruza por el país”.