Oro, armas y hasta internet en la zona de mineria ilegal

El acceso a internet no es problema en los improvisados pueblos de plástico -con carpas- que rodean las minas de oro en las montañas de la La Merced de Buenos Aires, en Imbabura. Aunque las proveedoras formales de ese servicio no llegan hasta donde trabajan los mineros ilegales, basta con tener un dólar para poder comprar un código de entre seis y ocho números para acceder al mundo virtual.

Se pueden enviar mensajes, revisar las redes sociales o efectuar llamadas por internet. Y si se quiere más tiempo de conexión, hay paquetes por cinco horas, uno día o cinco. Lo mejor es que el valor se reduce cuanto mayor es el tiempo que se contrata.

Un ciudadano colombiano, oriundo de Nariño, cuenta que presta servicio de transporte a Telconet con su camioneta doble cabina con la que recorre varias veces al día los alrededor de 40 kilómetros de la vía irregular de tercer orden que comunica los sectores de La Visera, El Mercado y la Ciudad de Plástico, en donde se aprovisionan quienes trabajan irregularmente en las minas.

La propia ministra de Interior, María Paula Romo, comprobó ayer al llegar al terreno en conflicto que hay antenas colocadas en los campamentos levantados en torno a la actividad extractiva que se quiere desmantelar.

Con la llamada Operación Amanecer, que comenzó el martes a las cinco de la madrugada con actividades de control y desalojo masivo de los mineros informales, se pretende -además de desplazar a todos los actores- forzar su salida y la de los grupos armados de la zona a través del desabastecimiento. Entre ayer y anteayer, se incautaron al menos 30 motores, cuerdas, cables, sacos llenos de material aurífero y se inutilizaron poleas con las que se surtían de provisiones y recibían los costales con piedras extraídas de las montañas. En la población de Buenos Aires no es difícil encontrar botas de caucho, carretillas, cemento, herramientas y todo lo necesario para abastecer a los mineros. Y desplazarse desde allí a los sitios cercanos a las minas cuesta tres dólares el pasaje individual y 25 dólares si se alquila una camioneta.

Tal cantidad de material, de herramientas y de organización apunta a que la actividad, aunque irregular e ilegal, estaba bien estructurada.

Alrededor de la zona de extracción se han levantado más de 300 plantas procesadoras de oro que los uniformados movilizados -más de 4.000 entre policías y militares- se encargarán de destruir en los 60 días que durará el estado de excepción decretado el lunes por el presidente Lenín Moreno.

No todo es trabajo. Además de internet, hay lugares de comida, discotecas, provisión de servicios sexuales, alojamiento... Todo surgió alrededor de las minas ilegales. Según la ministra Romo, la proliferación de la extracción irregular en el cantón imbabureño de Urcuquí llegó aparejada de otros 11 delitos como explotación sexual y laboral, homicidios, extorsión o lavado de activos. De ahí, la macrooperación que pretende acabar con ese foco de “economías criminales”, como calificó Interior a la amenaza que afecta a la zona, desplazando a sus actores.

La mayoría son extranjeros de los países vecinos que hasta el martes comenzaron a desfilar fuera de la zona minera, escoltados por los uniformados y cargados con sus pocos enseres personales. Hasta ayer, los desplazados rondaban los tres millares y eran reconducidos hasta Ibarra para que, después, regresen a sus lugares de origen. El último reporte de Interior cifraba en 21 los detenidos, uno de ellos, por porte de armas.

Aunque policías y militares han retomado el control del territorio, que se extiende a 433 kilómetros cuadrados, la situación no está completamente tranquila.

El martes por la mañana, mientras los encargados del operativo declaraban a los medios que todo estaba bajo control, un centenar de trabajadores que no había podido ingresar a las minas decía en voz baja que si no les encuentran alternativas de trabajo en ocho días volverían y ya no serían 8.000 sino 20.000. Esos mismos trabajadores reconocen que en las partes altas hay grupos armados que se disputan el control. Ha habido enfrentamientos armados, heridos y hasta fallecidos. Las autoridades han negado que haya personas asesinadas en las partes altas, cuyo control aún no han podido asumir. Pero no que haya personal armado.

Fabián Fuel, director de Operaciones del Comando Conjunto, y Agustín Proaño, comandante del Comando operacional 1 norte, corroboraron que su estrategia es anular esas amenazas. Fuel destacó que la tarea de los militares es el control de armas, municiones y explosivos en las vías que conducen a las minas. La otra es apoyar las labores de seguridad que hace la Policía. En esas tareas, han encontrado novedades: “Inteligencia nos ha dado a conocer que existe personal armado, son delincuentes armados y nuestra misión es hacernos con esas armas, esa munición y esos explosivos, si es que hubiesen en ese sector”.

Interior

Ayuda para desplazarse pero no para quedarse

“Sobre quienes están abandonando voluntariamente Buenos Aires, la ministra María Paula Romo indicó que están siendo provistos de transporte hacia otras zonas. Mas no se ubicarán albergues, ya que estas personas deben volver a su lugar de origen y dejar las actividades ilegales”, publicó ayer el Ministerio de Interior. Romo llegó ayer a La Merced de Buenos Aires en helicóptero, que aterrizó en la cancha de fútbol de la población.