La Ley de Comunicación tiene deficiencias y se aplica de manera equivocada. Es un punto de coincidencia entre asambleístas del oficialismo y la oposición consultados por EXPRESO. La utilización discrecional de la norma es el aspecto que más destaca la legisladora de PAIS, Alexandra Ocles, quien no será candidata a la reelección.

EXPRESO enfrenta, mañana, un proceso en la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) tras un pedido de réplica solicitado desde la petrolera Petroamazonas, que ni siquiera aparecía nombrada en el reportaje que quiere puntualizar. Cuando se solicitó desde el periódico que el escrito se ajustase a la información publicada, el impulsor de la réplica decidió acudir a la Supercom que acogió su petición y abrió un proceso a este periódico.

El gerente subrogante de Petroamazonas, Memím Álex Galárraga, consideró que una publicación del 27 de octubre en EXPRESO sobre una denuncia de la asambleísta Pamela Falconí de PAIS no estaba contrastada y generaba confusión.

Y surge la duda: ¿hay que dejar de publicar las declaraciones de los asambleístas?

La nota periodística recoge las manifestaciones de la legisladora oficialista, integrante de la Comisión de Biodiversidad, en las que contaba a este Diario la vinculación de algunos nombres mencionados en los Papeles de Panamá con la explotación petrolera de los bloques 31 y 43, en el parque Yasuní.

El pedido de Petroamazonas explicaba las bondades de la explotación del pozo Tiputini sin desmentir ni aclarar lo que constaba el texto de EXPRESO.

Los asambleístas consultados por EXPRESO destacan las inconsistencias de la aplicación de la Ley de Comunicación para casos que no parecen estar conectados.

Según Ocles, hay distintos criterios sobre temas que requieren la atención de los legisladores. En este caso, dice, Falconí está pendiente de la declaración de interés nacional porque su comisión está encargada de elaborar los informes semestrales sobre los trabajos en el Yasuní. “No puede dejar de decir algunos aspectos sobre ese tema. La institución pública ha hecho una mala lectura de la nota periodística”, dijo.

Ella explicó que si recurre a la Ley de Comunicación para pedir una rectificación en un reportaje que no dice nada sobre esa institución, se está malinterpretando la norma. “Eso es aplicar la ley de manera equivocada. Se pide una rectificación cuando una nota distorsiona la verdad, la noticia y la descontextualiza”, señaló.

Ocles advierte que hay una manipulación de la ley. “Muchos recurren a ella para frenar expresiones. Eso es realmente peligroso porque hay actores políticos que siguen desgastando la norma con esta mala aplicación”, sentenció.

Algunos de sus colegas como Luis Fernando Torres, de la alianza Cambio-PSC, explican que “es grave que una empresa estatal acorrale a un medio por haber citado textualmente lo que dijo una asambleísta de PAIS”.