La confrontación llegó hasta un tribunal de justicia. Activistas LGBTI llevaron a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CCE) y al movimiento Vida y Familia ante un juez. Sucedió la tarde de ayer en el sur de Quito.

Los acusan de generar un ambiente de hostilidad y odio contra su colectivo. Aseguran que la campaña ‘Con mis hijos no te metas’ y la marcha que se realizó el pasado sábado ponen en riesgo a las minorías sexuales. Mencionaron incluso haber recibido mensajes amenazantes, sobre todo por las redes sociales. Ellos culpan, directamente, a los denominados grupos profamilia.

Por eso, pidieron como medida cautelar la suspensión de los mensajes y protección para los demandantes para evitar que se cometa un daño irreparable en sus derechos.

Los principales de la Iglesia Católica, sin embargo, no estuvieron para responder. Su abogado defensor, Pier Pigozzi, explicó que ni el presidente, monseñor Eugenio Arellano, ni el vicepresidente Luis Cabrera o el secretario René Coba fueron notificados personalmente. Incluso pidió que por eso motivo se suspenda la audiencia, pero no lo logró.

De todas formas, él aseguró que en ningún caso la Conferencia Episcopal emitió ninguna amenaza en contra de los grupos LGBTI y tampoco convocó a la marcha.

Y es que el caso tiene una particularidad. Inicialmente, el pedido de medidas cautelares de los colectivos se presentó el 12 de octubre con un fin específico: que se suspenda la marcha convocada para el 14. ¿El problema? El caso llegó al tribunal recién el 16 y la audiencia se desarrolló ayer.

Por eso, para Pigozzi, el trámite de medidas cautelares era extemporáneo y sin objeto. Y fue un paso más allá: criticó el pedido original de suspender la marcha por violar el derecho a la libre expresión. Acusó a los activistas de intentar censurar a los manifestantes.

Estefanía Chávez, una de las abogadas del colectivo LGBTI, respondió: dijo durante la audiencia que el derecho a la libre expresión no protege discursos de odio.

Los demandantes insistieron en que su pedido era para detener los mensajes discriminatorios que, reiteraron, violan sus derechos e incluso ponen en riesgo su integridad. “Nos están exponiendo a sufrir agresiones”, denunció Cayetana Salao.

A las 17:25, el tribunal presidido por Wilson Caiza empezó la deliberación. Hasta el cierre de esta edición no se anunció el resultado final.

El debate legal fue seguido de cerca por un puñado de manifestantes de los dos ‘bandos’.

Los LGBTI llegaron con una gran bandera del arcoíris y pancartas. “No son profamilia, son antiderechos”, les gritaban a los manifestantes que estaban a favor de los demandados.

Los separaban apenas 20 pasos y cinco policías. Los activistas profamilia tenían una bandera del Ecuador y lucían camisetas blancas. Ellos no gritaban. “Tienen derecho a estar aquí”, comentó por lo bajo uno de ellos. “Yo no tengo nada en su contra”, respondió una joven.

En las salas de audiencia y en los pasillos del complejo judicial se cruzaban los manifestantes. De los dos lados se miraban con desconfianza.