“¡Hermano, pongamos contralor!”. El socialcristiano Luis Almeida se pavoneaba por los pasillos de la Asamblea Nacional y entre los escaños parlamentarios extendiendo invitaciones al reparto, jactándose de su poder en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sacando pechito de su sobrina, Lucía Almeida, hasta el pasado miércoles presidenta de ese organismo. A vista de todo el mundo: pongamos contralor, pongamos procurador, nombremos esto, nombremos lo otro. “Que él era el tío de la presidenta y podemos hacer muchas cosas, me lo dijo a mí”, cuenta el oficialista Diego Ordóñez y está dispuesto a repetírselo en la cara si se atreviera a negarlo. Diseñado por el correísmo para adueñarse de las autoridades de control, el CPCCS sigue rindiendo esos servicios a quien sea capaz de tomárselo. Nomás hay que figurarse el pastel que está en juego: contralor, procurador, superintendentes, fiscal general del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de lo Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura… Por eso nadie lo suelta fácilmente: antes pactar con el diablo que perderlo.

En efecto, no puede ser sino el diablo quien anda urdiendo las alianzas en la Asamblea Nacional. Solo él puede juntar el agua con el aceite. Legisladores correístas, socialcristianos y de Pachakutik ya venían coqueteando entre sí y votando juntos contra el Gobierno desde hacía rato, pero esta semana ese pacto tácito se volvió explícito y se oficializó bajo el nombre de “nueva mayoría”. Con un claro objetivo: mantener a toda costa el control del CPCCS, que ya era socialcristiano y correísta desde octubre de 2020. Desesperados se lanzaron a salvar los muebles luego de que una nueva correlación de fuerzas en el seno de ese organismo y la remoción de Lucía Almeida de la presidencia echaron sus planes por un caño. ¿Qué planes eran esos? Sustituir a los titulares de los organismos de control vigentes por los suyos propios. Para ello, primero había que destituirlos. Y para destituirlos, primero había que censurarlos.

Con ese fin, el calendario de juicios políticos en la Asamblea empezó a correr el 24 de octubre pasado. Ese día, el Consejo de Administración Legislativa aprobó cuatro procesos de fiscalización: el que planteó el socialcristiano Luis Almeida contra el superintendente de Compañías Víctor Anchundia; el solicitado por el asambleísta de Pachakutik Darwin Pereira contra la superintendenta de Bancos Ruth Arregui; el del correísta Ronny Aleaga contra el contralor general subrogante Carlos Riofrío; el del también correísta Ferdinand Álvarez contra el procurador Íñigo Salvador. Todos al hilo, sin disimulo. Claramente, el próximo cupo en esta lista le corresponde a la fiscal Diana Salazar, el premio gordo. Esta semana la Comisión de Fiscalización ya dio su visto bueno al juicio contra el contralor, y si bien recomendó archivar el de la superintendenta de Bancos, la última palabra la tendrá el Pleno de la Asamblea. Y ahí, los conjurados disponen de una mayoría amplia y aún susceptible de crecer con la probable adscripción de disidentes de la Izquierda Democrática (algunos ya firmaron a favor del juicio) sedientos de participar en el reparto.

Correísmo, socialcristianismo, Pachakutik. El pasado martes aparecieron agarrados de la mano ante los medios de comunicación. Hay imágenes que pasan a la historia por su capacidad de sintetizar toda una época. Aquella foto famosa de la mafia correísta reunida en torno a su candidato a la presidencia, Lenín Moreno, en vísperas de su elección, es una de ellas: tres años después, todos los presentes, salvo Moreno y José Serrano, estaban prófugos o presos. Esta de los diez asambleístas (cuatro correístas, tres socialcristianos, tres de Pachakutik) anunciando el juicio político en contra de los consejeros del CPCCS que atentan contra sus intereses podría convertirse, también, en una imagen para la posteridad, de no ser porque la mayoría de quienes aparecen en ella son unos don nadie cuyos nombres habrán caído en el olvido de aquí en pocos años, si no lo han hecho ya. Pero eso mismo la vuelve significativa: es la imagen de la vaciedad absoluta de la política nacional, del arribismo anónimo que ha convertido la falta de escrúpulos en herramienta fundamental de la acción pública. Aquellos de entre los presentes que podrían aspirar a un estatus político de cierto fuste, como Pabel Muñoz o Esteban Torres, revelan aquí su verdadera y deleznable naturaleza. Dijeron estar ahí para defender la democracia, pero la única cosa en común que une a estos viejos enemigos es el reparto.

Lo del socialcristianismo es para sentarse a verlo. He ahí a Luis Almeida, el hombre con más resistencias al interior del partido, aquel a quien muchos militantes no pueden ver ni en pintura y consideran un advenedizo, situado de pronto en el centro de la operación más importante de la agrupación política y convertido en una suerte de vocero privilegiado. ¿Cómo lo permiten? Cuando se busca explicaciones en el bloque todas las manos apuntan a Jaime Nebot. Desde que las computadoras de J.J. Franco, lugarteniente del exalcalde y guardián de todos sus secretos, cayeron en manos de la Fiscalía, a raíz de un allanamiento practicado en su domicilio en relación con el caso Las Torres, en septiembre del año pasado, la urgencia por conservar el control del CPCCS pasó al tope de la lista de prioridades socialcristianas, sabrá Nebot por qué. Como nunca antes, ese partido necesita de autoridades de control amigas y la respuesta, cómo no, está en la familia Almeida: Sofía, a quien es necesario mantener en la presidencia del CPCCS a toda costa; Pedro, su padre, conocido entre los funcionarios del organismo como ‘Papá Pitufo’ porque decide hasta los nombramientos; y Luis, el asambleísta, hermano de este último y operador político parlamentario.

Hay que ver al PSC pintarse de cuerpo entero en su desesperado intento de mantener las apariencias. Solo en clave de comedia puede leerse el comunicado público firmado por su presidente nacional, Alfredo Serrano, el pasado 10 de febrero, un día después de la remoción de Sofía Almeida. “El CPCCS debe desaparecer”, lleva por título. Y el primer párrafo apunta que el mencionado organismo “es una anomalía histórica en la institucionalidad de nuestro país, es un organismo que nunca debió existir y urge que desaparezca”. Es decir: urge ahora, que ya no lo tienen. No urgía el martes, cuando en ronda con los correístas proponían no desaparecerlo sino depurarlo. Desde octubre de 2020, cuando Sofía Almeida se posesionó como presidenta, el PSC ha sacado provecho de lo que ahora llama “una anomalía”. Seguramente dejará de serlo si consiguen conservarlo.

• Razones para una remoción

Causales para la destitución de Sofía Almeida había de sobra: el uso del departamento técnico del organismo para boicotear la participación de los consejeros antagónicos en las sesiones vía Zoom; el procedimiento de escamotearles información clave para sacarlos del debate, por ejemplo: aprobar un reglamento de elección de contralor sin su conocimiento; la paralización a la que sometió al organismo desde el momento en que perdió la mayoría, sin convocar al Pleno y postergando decisiones impostergables. Por lo demás, a pesar de las críticas de los asambleístas que pretenden controlar el organismo, la remoción es perfectamente legal, pues el Código Orgánico Administrativo, aplicable al CPCCS, atribuye a los órganos colegiados la facultad de nombrar y remover a sus directivos.