El nuevo seguro se flexibiliza
El resentimiento persiste. La propuesta del asambleísta independiente, Oswaldo Larriva, no cayó bien a sus excoidearios oficialistas. Especialmente a Betty Carrillo. Larriva cuestionó la ley y pidió su archivo.
La discusión desempolvó más problemas. El proyecto de reforma laboral que se discute en la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, tendrá cambios en el informe para el primer debate en el pleno, que estaría listo el sábado.
Una de las novedades es la ampliación del seguro de desempleo -que reemplaza al Fondo de Cesantía-. Según la propuesta en estudio, una persona que haya renunciado voluntariamente también puede acogerse al beneficio que crea la ley.
Richard Espinosa, presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), dijo que la normativa está bien pensada y, por eso, es posible ampliar el alcance del nuevo seguro. En el proyecto de Carondelet, el beneficio era exclusivo para las personas que perdían su empleo.
Espinosa dijo que otra posibilidad es que la persona que renuncie pueda acceder a su dinero de cesantía -el que acumuló antes de la vigencia de la ley en trámite- luego de dos meses. El proyecto determina la entrega de los fondos del afiliado luego de ocho meses.
No es el único cambio. El Servicio de Rentas Internas (SRI) también tiene observaciones, sobre todo, en la reducción de la jornada laboral a la que podrían acogerse las empresas con problemas financieros.
Andrés Cortés, director nacional jurídico de Rentas, llegó ayer a la comisión legislativa, para mostrar inconsistencias en el documento que debe aprobarse hasta el 24 de marzo. Según él, que una empresa tenga reducción de ingresos no es razón suficiente para que se acoja a una disminución de jornada laboral (de 40 a 30 horas a la semana). Es necesario, indicó, que haya indicadores sólidos. El funcionario propone que se evidencie, mediante un informe, que los ingresos disminuyeron entre el 30 % y 50 %. La idea fue bien vista por los legisladores del oficialismo.
Otra observación busca transparentar cifras. El proyecto de ley impide que una compañía pueda declarar utilidades hasta que todos sus empleados reciban el pago por ocho horas de trabajo. Para Rentas, el medidor no deberían ser las utilidades. Debe impedirse la entrega de dividendos (monto repartido entre accionistas de una empresa) hasta que se cumpla con la cancelación de salarios por jornadas completas.
En Alianza PAIS también suena otra reforma al texto. Los asambleístas del oficialismo proponen que luego de pasar el periodo de reducción del 25 % de la jornada, se entregue una bonificación al trabajador que vio mermado su ingreso mensual. La compensación sería del 50 % de un salario del empleado.
