“Dios es soberano”. Así se llama (o se llamaba) el grupo de WhatsApp que Norma Vallejo (siempre con una cita bíblica a flor de labios) comparte con los miembros de su despacho. Bajo ese título la legisladora oficialista gestionaba pagos, pedía préstamos a sus asistentes, les facilitaba números de cuentas bancarias para que le depositaran un porcentaje de sus salarios, en fin, recaudaba. Las respectivas capturas de pantalla fueron exhibidas por Fabricio Villamar (CREO) ante la comisión parlamentaria constituida para investigar el caso, donde ayer arrancaron las comparecencias.

-¿Pueden prestarme 450 dólares que me den depositando?

-¿A qué número de cuenta?

-A este.

Los chats fueron una de las novedades que Villamar hizo públicas ayer en este caso del que ya se conoce una parte de los audios. Y hubo más: los certificados de las transferencias bancarias (de 100, 200 dólares) efectuadas por los asistentes de Norma Vallejo a nombre de su jefa; y el resto de la grabación, un total de tres horas que la Comisión se dará el trabajo de escuchar el próximo lunes.

La comisión multipartidista está presidida por Eliseo Azuero (BIN) e integrada por Ana Galarza (CREO) y la oficialista Noralma Zambrano.

Puesta a rodar en el espacio formal de una comisión parlamentaria, la grabación que el medio digital La Posta hizo pública en días pasados resultó triplemente bochornosa. Las palabras de Norma Vallejo produjeron sonrisas nerviosas entre los asistentes: “Todos tienen que aportar, Carlitos”. “Estos son puestos políticos”. “Es un pago a Alianza PAIS más los gastos que haiga (sic) de la oficina”. “Ya le dije al Moisés que le busque trabajo porque yo le siento incómodo. Pero así trabajamos”. “En los despachos de los asambleístas nadie hace depósitos en las cuentas de nadie. Todo se paga en efectivo”.

“¿De qué asambleístas está hablando?”, se preguntó Villamar. ¿En los despachos de quiénes “todo se paga en efectivo”? Y pidió a la Comisión que, cuando reciba la comparecencia de Vallejo (lo cual ocurrirá el martes de la próxima semana), se le pida “que explique a quiénes se está refiriendo”.

Durante su intervención de 31 minutos, Villamar, autor de la denuncia juramentada en contra de Vallejo, pidió la destitución de la acusada y cubrió todos sus flancos. Citó una docena larga de artículos de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), del Código Penal, del Código de la Democracia y de la Ley Orgánica de Servicio Público que, según su argumentación, violó Vallejo. Por aceptar pagos, ventajas o dádivas; por gestionar cargos públicos; por vulnerar los derechos de los trabajadores; por recaudar aportes; por cumplir actividades incompatibles con la función de asambleísta; por “meter la mano en el bolsillo” de sus empleados.

Villamar dejó claro que el objetivo de la comisión debe ser establecer responsabilidades políticas. No penales (de eso se encargará la Fiscalía) ni administrativas (eso le toca a Contraloría). Ahora el debate parece centrarse en qué entienden los honorables por “responsabilidades políticas”, un concepto que las legislaturas correístas diluyeron.

Según la oficialista Noralma Zambrano, “no nos corresponde ventilar los casos del Código Penal”, solo de la LOFL. Según esto, un asambleísta asesino no merece sanción alguna de sus pares. ¿Será?

Los diezmos a la fiscalía

Una hora después de su intervención en la Comisión que investiga el caso de Norma Vallejo, Fabricio Villamar llevó el tema de los diezmos a la Fiscalía. Allí rindió versión libre y voluntaria sobre las denuncias presentadas por él sobre 13 casos de cobros indebidos: once en la Asamblea (la mayoría de ellos corresponden a legisladores oficialistas), uno en el Secap y otro en la CNT.