Por segunda ocasión una declaración juramentada notariada le cuesta el puesto a un funcionario de alto rango. Primero fue el exfiscal Carlos Baca, destituido por la Asamblea el pasado 26 de abril.

Entre las pruebas en su contra figuró la declaración notariada de un policía sobre la adulteración de un parte policial para dar a conocer el audio de un diálogo entre Serrano con el excontralor Carlos Pólit.

El uniformado habló del supuesto forjamiento del parte y que al sentirse amenazado quiso dejar sentados los hechos. Lo acompañó en su actividad el exviceministro y exasesor de Serrano, Diego Fuentes.

Esta vez el turno fue de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña. Su exasesor cumplió el mismo trámite y casi con idéntico desenlace. En ambos casos se denunció un aparente ilícito: adulteración de un parte y cobros indebidos.

El abogado penalista, Xavier Mejía, cree que es un tema político. Refiere que “quien realiza la declaración juramentada trata de adquirir más inmediatez sobre sus afirmaciones porque va donde el notario, hace trámite y esa declaración se da como veraz hasta que judicialmente no se demuestre lo contrario”.

Mejía reconoce que hacerlo por Fiscalía sería primero abrir una investigación previa y eso es un proceso y un tema reservado. Para él “es un juego político, es utilizar las figuras jurídicas en función de las conveniencias políticas”. Reflexiona que si el asesor denunciaba el caso pudo no pasar la fase de instrucción e ir al archivo.

La legisladora de FE, María Mercedes Cuesta, señala que la declaración juramentada notariada es evidentemente un instrumento público que se convierte en posterior prueba en procesos penales. Dice que para un ciudadano común no es fácil enfrentar a funcionarios que aparentan administrar o aglutinar tanto poder. En el último caso la declaración del exasesor habría sido utilizada por Sofía Espín para tratar de evitar su destitución.

Héctor Yépez, de CREO, puntualiza que “todos ellos tienen rabo de paja y por eso se chantajean, en vez de denunciar públicamente como deberían”.

La notaria María Augusta Peña resaltó que los notarios no pueden responder por el uso que hagan de la declaración juramentada, que es la voluntad de una persona.

El detalle

Retiro. El exfiscal Carlos Baca Mancheno no quiso opinar sobre lo actuado en su caso. Dijo que está alejado de todo y se encuentra retirado de la vida pública.