Nombramiento de fiscales

El país mantiene una rara visión positiva, mayoritariamente compartida, respecto a la gestión que viene cumpliendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Acogió con simpatía la reciente designación de los miembros del Consejo de la Judicatura.

Así como con Trujillo, con Merlo se siente garantizada la República. Por eso, y porque de la administración de justicia dependen la libertad y la honra, y por ellas es posible arriesgar la vida, tal cual nos enseñó don Quijote, me permito decir clara y directamente que en lo que respecta a Guayas hay descontento.

Se comenta que el designado no tiene los atributos requeridos, no en cuanto a formación académica, que se la reconoce solvente, pero sí en lo relacionado a procesos judiciales que lo vinculan a situaciones no deseables en quien debe ejercer como fiscal.

Dado que los antecedentes de la administración de justicia en el Ecuador son negativos por la intromisión del Ejecutivo en sus decisiones, cabe tenerlas muy separadas, incluyendo en dicho propósito la designación de sus funcionarios, al igual que sus capacidades.

Los fiscales tienen que ver con temas tan complicados como los vinculados al narcotráfico, asunto sobre el cual hay una alta sensibilidad ciudadana que no cabe irritar con la posibilidad del comentario, justificado o no.

La situación de reinstitucionalización de lo público en que está empeñado el Ecuador, debe obligar a la más alta y cuidadosa selección de todo lo relacionado con la administración de justicia. No pueden darse otros casos Gabela o casos Lara, donde la manipulación llegó a límites intolerables, respecto a los cuales recién estamos intentando reaccionar.

En todo caso, me atrevo a llamar la atención de las autoridades correspondientes para que averiguadas a fondo las razones de las inquietudes que comento se proceda a ratificar o, si así resulta debido, a la correspondiente rectificación. Y ello, además, para no dar lugar a críticas interesadas en debilitar y desprestigiar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al que reiteramos nuestro respeto y consideración.