La noche de Iguala no encuentra amanecer

Lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 ha quedado sumido en la oscuridad. La desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa le volvió a estallar en las manos al Gobierno de Enrique Peña Nieto. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras la negativa del Ejecutivo a prorrogar sus investigaciones, se despidió con un informe que pone en duda no solo la versión oficial de la matanza, sino la credibilidad misma del Estado mexicano. A lo largo de 608 páginas, este equipo, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalló las dilaciones, obstrucciones y bloqueos que sufrieron, pero sobre todo denunció que, más allá del alcalde de Iguala y sus policías municipales, las “conductas omisivas de los funcionarios públicos” han quedado sin investigar. Un obús que tiene como blanco al intocable Ejército mexicano.

Cuando el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en plena crisis de confianza, abrió las puertas a esta comisión para que brindara su asistencia técnica en el caso Ayotzinapa, el gesto fue interpretado como el inicio de una nueva era en el sangrante capítulo de las desapariciones. El equipo parecía asegurar la transparencia y las buenas prácticas en la investigación.

Su trabajo empezó en marzo de 2015 y, al igual que las familias de las víctimas, no tardó mucho en distanciarse de la línea oficial. En septiembre pasado, la comisión presentó su primer informe. Aunque admitía la colusión entre el cártel de Guerreros Unidos y la Policía Municipal de Iguala, su prospección iba mucho más allá. Ponía en entredicho el papel del Ejército. Y con el objeto de indagar los motivos de su pasividad en la noche de Iguala, solicitaba que se practicasen nuevas pruebas y que se interrogase al 27° regimiento. La petición fue rechazada de plano.

Nadie dudó del motivo: en una nación inmersa en una brutal guerra contra el narco, con más de 100.000 muertos a sus espaldas, el GIEI pretendía abrir una puerta a lo desconocido, a una posible incriminación de la columna vertebral del Estado. Pero el informe guardaba más sorpresas. Negaba que los cuerpos de los estudiantes hubiesen sido eliminados en una hoguera en el basurero de Cocula. Esta hipótesis contravenía la versión oficial. Si no había incendio en el vertedero, entonces los testimonios de los sicarios que lo habían descrito perdían credibilidad. La salida del GIEI ya solo fue cuestión de tiempo.

La lectura del informe presentado ayer en Ciudad de México conduce al nudo gordiano del caso: Ayotzinapa refleja el fracaso del Estado mexicano y no solo la barbarie del narco. A ojos de los expertos, la investigación misma revela los males que aquejan al país. Lentitud procesal, burocracia paralizante, excesivo formalismo, falta de pruebas objetivas, apresuramiento en las detenciones, ausencia de garantías, carencias periciales, debilidad de los indicios incriminatorios, filtraciones interesadas... El rosario de males que describió el GIEI, que incluye torturas a 17 del centenar de detenidos, supone un varapalo al sistema policial mexicano y entra en el campo de la acusación.

“La lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Muestran barreras estructurales”, señala el informe.

Para los expertos, este obstruccionismo aumentó a medida que avanzaban las pesquisas hasta el punto de sufrir “un claro bloqueo”. Entre los ejemplos citados destaca el blindaje de la información referida al Ejército. “Independientemente de que el Grupo no haya podido entrevistar a los militares del 27° Batallón que estuvieron presentes en los hechos [...] los reportes de inteligencia, las bitácoras, las fotografías y los vídeos vinculados a los hechos no han sido incorporados a la investigación”, indica el texto.

En esta línea, el GIEI sostiene que en el caso Ayotzinapa “las conductas omisivas de los funcionarios públicos prácticamente no han sido investigadas” y su omisión “puede constituir una violación de los derechos humanos”.

El próximo sábado el GIEI dejará su misión en el país.