Moderna busca una vacuna contra la gripe y la COVID-19

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Moderna busca una vacuna contra la gripe y la COVID-19

La farmacéutica estadounidense espera tenerla lista antes de que finalice 2023. Países europeos optan por la inoculación obligatoria ante la ómicron

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Una enfermera prepara hoy una dosis de la vacuna de Moderna contra la covid-19, en la Plaza de las Américas en San Juan (Puerto Rico).  Thais LlorcaEFE

El consejero delegado de la farmacéutica estadounidense Moderna, Stephane Bancel, señaló ayer en su intervención en el Foro de Davos que su compañía continúa trabajando en el desarrollo de una vacuna que sirva al mismo tiempo contra la gripe y la COVID-19, aunque indicó que no estará lista antes de finales de 2023.

“Se trataría de una dosis de refuerzo anual para que las personas eviten tener que inocularse dos o tres veces en invierno”, explicó Bancel, que admitió que es necesario reducir la alta frecuencia actual de las dosis de refuerzo para evitar que las personas rechacen la vacunación.

El responsable de una de las dos firmas que han desarrollado vacunas contra la COVID-19 con la nueva tecnología del ARN mensajero (la otra es Pfizer-BioNTech) también subrayó que ya desde noviembre su compañía trabaja en una dosis especialmente dirigida a combatir la variante ómicron del coronavirus, ya dominante en el mundo.

José Guevara_Interlab

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“Los laboratorios finalizarán ese trabajo en las próximas semanas y compartirán los resultados con las autoridades reguladoras”, indicó el empresario.

Al respecto, el principal asesor de Salud del Gobierno de EE. UU., Anthony Fauci, manifestó en el mismo foro que la actual situación de plantear dosis de refuerzo cada vez que surge una nueva variante del coronavirus no es la óptima, y debe intentarse una vacuna universal que pueda servir contra cualquier evolución del SARS-CoV-2.

Mientras tanto, varios países europeos han optado ya por implantar la vacunación obligatoria para las actividades sociales y de ocio como vía para luchar contra la variante ómicron, que ha disparado los contagios y tensionado algunos sectores económicos por el incremento de bajas laborales.

El Gobierno francés evita la obligación de vacunarse, pero impone en su lugar un certificado de vacunación que será necesario para muchas actividades de la vida social desde finales de esta semana, una vez que entre en vigor una nueva ley adoptada por el Parlamento.

Uno de los países europeos con las medidas más estrictas en materia de vacunación, Italia, introdujo la obligación para los mayores de 50 años desde el pasado 7 de enero, una medida que se consensuó con dificultades entre las distintas fuerzas políticas que apoyan al Gobierno de Mario Draghi.

Alemania aprobó en diciembre un proyecto de ley del Gobierno de Olaf Scholz que impone la vacuna obligatoria en sectores laborales sensibles, como geriátricos o sanitarios. Planteaba plazos largos hasta hacerse efectiva la medida, hasta marzo, en atención al periodo preciso para tener la pauta completa.

Alrededor de 300.000 griegos mayores de 60 años se verán obligados a pagar una multa de 50 euros por no vacunarse ni cerrar una cita para hacerlo, ya que ayer venció el plazo que el régimen del conservador Kyriakos Mitsotakis había dado en noviembre a este grupo de edad para que se inocule contra el coronavirus.

Austria fue el primer país de Europa en anunciar una vacunación obligatoria para todos los mayores de 18 años, que empezará a aplicarse a partir del 1 de febrero, con la amenaza de una multa máxima de 3.600 euros por año. La medida, anunciada el pasado 19 de noviembre, ha generado varias protestas multitudinarias.

República Checa decretó la vacunación obligatoria de ciertos empleados públicos, como sanitarios, soldados, asistentes sociales y policías, así como los mayores de 60 años, que deberían recibir el suero antes del 28 de febrero.

El Tribunal Constitucional esloveno suspendió a finales de septiembre una normativa que exigía estar vacunado o haber pasado la COVID si se deseaba trabajar de forma presencial en oficinas públicas.

Esa normativa adoptada por el Gobierno del primer ministro de derechas Janez Jansa debía entrar en vigor el 1 de octubre y fue recurrida por el Sindicato de Policías de Eslovenia, al considerar que se trataba de una vacunación obligatoria encubierta.