Organizaciones sociales y gremiales, así como personalidades afines a la vicepresidenta Cristina Fernández, marcharon en Buenos Aires para exigir la “democratización y el cese de la politización” del Poder Judicial.

Los manifestantes marcharon en Buenos Aires desde el Obelisco hasta el Palacio de Tribunales, en rechazo a los jueces que componen la Corte Suprema.

El orador destacado del acto fue el juez argentino Juan Ramos Padilla, quien señaló que “los jueces de la Corte Suprema son delincuentes, si la reformamos tiene que ser sin delincuentes”.

Antes del acto, Ramos Padilla en declaraciones a la prensa pidió “que se vayan los jueces y que el pueblo tenga una justicia igualitaria. La Corte Suprema ha tolerado secuestros, causas armadas, prisiones indebidas y han permitido que el país se endeude”.

El magistrado fue denunciante de jueces y fiscales que investigaron a Cristina Fernández por presunto lavado de dinero y corrupción cuando fue presidenta entre 2011 y 2015.

Al término de la movilización, se leyó un documento elaborado por los organizadores ante miles de personas en el que manifestaron que han salido a la calle para “exigir que esta Corte se vaya, la democratización de la Justicia y el fin de las causas armadas”.

Otro de los reclamos fue la reforma del Consejo de la Magistratura, órgano clave en el proceso de designación y remoción de jueces.

Esta marcha se da en medio de los cruces con la oposición y el sector judicial por la intención de Alberto Fernández de reformar el Poder Judicial, al cual acusa de estar politizado.

De hecho, el jefe de Estado calificó a la convocatoria como “una expresión ciudadana”, en una entrevista el 31 de enero con el canal de noticias C5N.

“En un Estado de derecho cada poder se expresa por un instrumento. El Poder Judicial se expresa en sentencias. Nadie tiene que molestarse porque un número de ciudadanos reclame a la Justicia que sus actos no se están adecuando a lo que esperan”, afirmó.

Desde la oposición consideraron que la manifestación es ‘golpista’. La presidenta del PRO (que integra la coalición de Juntos por el Cambio), Patricia Bullrich, apuntó en sus redes sociales que “la marcha contra la Corte es un atentado al principio básico de una república democrática y su división de poderes”.

La asociación civil Justicia Legítima, que busca la democratización del Poder Judicial del país suramericano, apoyó la manifestación.

La organización presidida por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, lanzó un comunicado en el que se adhiere a una reforma judicial con perspectiva de género, para finalizar con la “persecución judicial” y reformular al máximo tribunal.

“Nos sumamos para denunciar al Poder Judicial, que mantiene impunes aberraciones jurídicas, muchas de ellas aún en proceso”, aseguraron las organizaciones en el comunicado.

Este es un sacudón de los civiles hacia la Justicia argentina.