El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables quiere pasar la página, aunque se niega a consultar con más voces. El titular de esa cartera de Estado, René Ortiz, afirmó que honrará y mantendrá la tarifa de dos dólares por cada barril de petróleo que transporte la empresa privada Oleoducto de Crudos Pesados del Ecuador (OCP). Eso, pese a que hay cuestionamientos a ese valor.

En rueda de prensa ayer, 18 de septiembre de 2020, el funcionario explicó que no consultará a la Procuraduría General del Estado para confirmar si dos dólares es el valor adecuado. Dijo que no existe una entidad que norme las tarifas porque hay un contrato privado que debe honrarse.

Al interior de Petroecuador, empresa que utiliza los servicios de OCP, se habló de una tarifa de 1,40 dólares por cada barril. Es decir, 60 centavos menos de lo que se paga desde noviembre de 2018.

Tal como explicó EXPRESO esta semana, la controversia en las tarifas surge porque la administración del exgerente general de Petroecuador Pablo Flores detectó que desde 2001 se estableció que OCPdebe cobrar el menor precio posible al Estado ecuatoriano. En 2017, la privada cobró 1,40 dólares a un cliente ajeno al Ecuador. Ese debe ser, según la conclusión de algunos miembros de Petroecuador, el valor que se fije para el Estado.

Desde abril de este año, cuando se llegó a esa conclusión, Petroecuador dejó de pagar a OCP y pidió que la Procuraduría General del Estado se pronuncie. Eso no se cumplió, y Flores y otros funcionarios que cuestionaron la postura del ministro Ortiz fueron separados del cargo.

Las facturas sin pagar desde abril ascienden a más de 18 millones de dólares. Ortiz dijo que ya ordenó que se cumpla con las obligaciones con OCP y se dé por terminado el dilema de la tarifa.

Es más, aunque sin precisar el valor, el ministro dijo que se pagará todo lo adeudado porque cada día se incrementa el monto, ya que Oleoducto de Crudos Pesados del Ecuador no dejó de brindar el servicio a pesar de la amenaza de cambiar la tarifa y de que no ha recibido pago alguno desde hace casi seis meses.

No se trata solo de dos dólares por barril. OCP cobra un monto adicional por la distancia entre los campos de petróleo y las refinerías ecuatorianas o los puertos desde donde se exporta el crudo ecuatoriano. Es un dólar adicional. 

Ortiz no especificó si esa fue la respuesta que envió a la Presidencia de la República. El 14 de septiembre, la secretaria general jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, pidió que el ministro aclare la situación con OCP.

Lo que sí dijo es que no existe un conflicto del Estado, del Ministerio de Energía o de la empresa pública Petroecuador contra la privada OCP. Lo que existe, precisó, es una decisión unilateral de dejar de pagar a una empresa privada que brinda un servicio.

¿A qué responde la controversia si no hay alguna ilegalidad? Según Fernando Santos Alvite, asesor del ministro Ortiz y exministro de Energía, dentro de Petroecuador todavía hay funcionarios afines al expresidente Rafael Correa que, además de corruptos, quieren causar caos y confusión para desestabilizar al país.

Aseguró que quienes sugieren un cambio de tarifa solo buscan crear un conflicto con una empresa privada, lo que puede terminar en arbitrajes internacionales que perjudiquen al Estado. Algo similar a lo que sucedió y sigue sucediendo con Chevron, argumentó.

“OCP se molestó muchísimo con la situación y la suspensión de pago”, agregó.