Los documentos, cartas, informes, reportes y dudas llegaron hasta Carondelet. Las diferencias sobre el precio que la empresa privada Oleoducto de Crudos Pesados del Ecuador (OCP) debe recibir por cada barril de crudo ecuatoriano que transporta alertan a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Esta semana, Johana Pesántez envió una carta solicitando explicaciones al ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz.

La secretaria general jurídica Johana Pesántez envió el documento al ministro con varias inquietudes. Tal como publicó ayer EXPRESO, hay voces dentro de la empresa estatal Petroecuador que aseguran que OCP debe recibir 1,40 dólares por cada barril transportado y no 2 dólares, que es el valor que recibe hasta ahora. El monto anual de diferencia superaría los 35 millones de dólares.

En la comunicación, Pesántez solicita que el ministro Ortiz entregue la información técnica, jurídica, económico-financiera, “así como todo oficio, memorando y justificativo relacionado, que se refiera al cálculo, determinación y cobro de la tarifa respecto del pago por transporte de hidrocarburos que explote el Estado”.

La funcionaria de Presidencia, que como el exgerente general de Petroecuador, Pablo Flores, tiene inquietudes sobre el acuerdo vigente con OCP, pide que se tomen en cuenta los documentos firmados desde el año 2000.

OCP y el ministro Ortiz insisten en que la tarifa es de dos dólares porque eso se estableció en noviembre de 2018. Ahí se aclara que el Estado pagará dos dólares o el menor precio que OCP cobre a un usuario diferente.

En 2017, según admitió el propio ministro, hubo un cobro de 1,40 dólares a un cliente ajeno al Estado ecuatoriano. Eso, dijo Ortiz, no cuenta porque los contratos no son retroactivos.

Sin embargo, como recuerda Pesántez en la carta enviada al ministerio el 14 de septiembre de este año, hay documentación sobre la tarifa vigente desde inicios de siglo.

La secretaría general jurídica del presidente Lenín Moreno exige, además, que se aclare una variación en el pago y que acompañe la respuesta con “los justificativos de impacto y disponibilidad presupuestaria emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas”.

Johana Pesántez no fue la única funcionaria que tuvo dudas por la diferencia de precios que motivó la salida de Flores de Petroecuador. El gerente general de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, Lenín Ochoa, pidió que la actual administración de Petroecuador aclare las diferencias en el precio de las tarifas de transporte de crudo.

En una carta enviada el 8 de septiembre al gerente general subrogante de la petrolera, Ricardo Merino, EMCO pide un informe detallado de la tarifa pagada a OCP.

Independientemente del precio que se deba pagar a la empresa privada, Petroecuador sugirió, en julio, que se consulte a la Procuraduría General del Estado por la legalidad de la tarifa y que decida si es procedente la tarifa de 1,40 dólares.

Ayer en entrevista radial, el ministro Ortiz aseguró que el procurador general no tiene razón para intervenir en el tema. El ministro defiende ampliamente la posición de la empresa privada, que asegura que debe recibir dos dólares por cada barril de crudo.