Es una pregunta que generó controversia y hasta renuncias en el sector público. También es una inquietud que podría costarle más de 35 millones de dólares anuales al Estado. La administración anterior de Petroecuador afirmó que la empresa Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) estuvo cobrando más de lo que debía por transportar el petróleo ecuatoriano a través de sus instalaciones.

Según un contrato firmado entre el Estado y la empresa privada en noviembre de 2018, cada barril transportado a las refinerías tiene un costo de dos dólares. Es decir, Petroecuador (que usa los barriles generados por Petroamazonas) y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (que transporta los barriles de las empresas privadas) pagan dos dólares por cada barril movilizado.

El punto es que, según varias comunicaciones a las que tuvo acceso EXPRESO, la anterior administración de Petroecuador creyó que el costo debía ser de solo 1,40 dólares (60 centavos menos por cada barril).

En números redondos, OCP transporta diariamente unos 160.000 barriles de crudo pesado: 40.000 de ellos paga la cartera de Energía y Recursos Naturales No Renovables y 120.000 Petroecuador. La diferencia de 60 centavos generaría una pérdida de 35 millones anuales para el Estado.

¿Por qué hay diferencia? La gestión que salió por este tema de Petroecuador recordó, en cuatro documentos, que el acuerdo con OCP estipulaba que si la empresa privada cobraba menos de dos dólares a otro cliente, ese debería ser el precio que pague el Estado ecuatoriano. Una transacción así se dio antes de 2018.

EXPRESO consultó con OCP por la duda de Petroecuador. Voceros de esa empresa privada afirmaron que sí hubo un cobro de 1,40 dólares por barril para otro cliente, pero que esa operación fue realizada antes de la firma del contrato de noviembre de 2018. Es más, afirmaron, sería una amenaza a la seguridad jurídica ecuatoriana que se intente hacer retroactivo un contrato.

El 8 de abril de este año, en medio de la emergencia sanitaria derivada por la propagación del coronavirus, el coordinador general jurídico del Ministerio de Energía resaltó que no hay retroactividad en el pago porque en “el Contrato para la Construcción y Operación del Oleoducto de Crudos Pesados y Prestación del Servicio Público de Transporte de Hidrocarburos, suscrito el 15 de febrero de 2001, vigente a la fecha, se estipuló entre otras cosas que la tarifa que cobre la compañía por transportar el petróleo crudo que explota directamente el Estado durante la vigencia de este contrato, deberá ser la tarifa más baja que la compañía cobre en cualquier momento a cualquier usuario por el transporte de petróleo crudo comparable o de igual o menor calidad”.

En junio, sin embargo, ese informe fue cambiado y se olvidó la recomendación de replantear el cobro.

El 10 de julio, en cambio, dentro del mismo ministerio se vuelven a plantear las dudas y se sugiere que se eleve la consulta a la Procuraduría General del Estado, para que sea esa entidad la que decida si se debe pedir a OCP que devuelva el dinero o se debe mantener la tarifa de dos dólares por cada barril de crudo.

Con documentación emitida desde abril de este año, el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, pidió al ministro René Ortiz que se tomen medidas. Una de ellas, la consulta al procurador. Esas medidas no se han difundido.

Este Diario consultó al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables si se realizará la consulta al procurador general, Íñigo Salvador. Hasta el cierre de esta edición no hay una respuesta.

También se consultó a Pablo Flores por la polémica. Él evitó dar declaraciones, pero su carta de renuncia, presentada a inicios de mes, aclara que uno de los puntos que motivaron su decisión de salir es precisamente que el ministro no atiende el reclamo, lo que podría estar generando pérdidas para los intereses de todos los ecuatorianos.

No se pide más tarifa

Ayer, 16 de septiembre de 2020, mediante comunicado, la empresa privada OCP aseguró que no está solicitando un incremento en la tarifa que paga el Estado ecuatoriano por el transporte de crudo. Lo que se pide, aclaran, es que se respete lo firmado y acordado.