Medidas cautelares para las carceles
Presos. En las cinco cárceles de Guayas están casi 14.000 privados de la libertad. En Cotopaxi existen 5.044 y en Pichincha 2.485 detenidos.
En 2017 murieron 89 personas privadas de la libertad en las cárceles del país. De ellas, al menos 19 se atribuye a suicidios y 11 muertes por violencia intracarcelaria provocada por armas de fuego o cortopunzantes.
Los demás decesos fueron por causas naturales (paros cardíacos y otros), asegura Liliana Guzmán, viceministra de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia.
Pero las cifras no convencen a representantes de organismos de Derechos Humanos como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). Daniel Véjar, el abogado de esa agrupación, cree que la situación en las cárceles es crítica. Una de las razones para esa afirmación es lo ocurrido en mayo de 2016 en el centro regional de El Turi, en Cuenca, Azuay.
En ese sitio un grupo de privados de la libertad fue sometido a torturas por parte de elementos de la Policía. El vídeo de los excesos policiales fue judicializado, se recibieron testimonios que describieron los abusos y maltratos.
A partir de eso y por primera vez Inredh accedió a ese centro. Desde 2013 con la aplicación del nuevo modelo de gestión a los organismos de derechos humanos se les restringió el acceso a las cárceles, asegura.
Inredh pidió hace casi dos meses información sobre la situación de las cárceles pero el Ministerio de Justicia aún no responde, señala.
La preocupación por lo que ocurre en las cárceles llevó a Inredh a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas cautelares para el sistema. Entre las preocupaciones está por ejemplo el supuesto suicidio del implicado en el crimen de la niña lojana Emilia Benavides o la muerte de un privado de la libertad en manos de otro, durante una requisa.
La víctima estuvo esposada, dice. Añade que “ellos manejan los controles y el modelo de gestión penitenciaria, es decir, es un sistema riguroso parecido al de los aeropuertos es imposible que un arma pase”.
Pero la viceministra responde: ingresarán por el filtro, se valdrán de alguien que sobornó a algún funcionario para que lo ingrese. Esas preguntas debe responder la Fiscalía porque el tema se ha judicializado, añade.
Para el defensor Público, Ernesto Pazmiño, las cárceles siguen siendo “la zona gris” de la política pública. A sus ojos, a pesar de las nuevas cárceles, “se mantiene únicamente la política del castigo. Según Pazmiño, el hacinamiento en las cárceles (actualmente existen en las cárceles 40 mil presos en cárceles con espacio para 25 mil) impide aplicar mecanismos efectivos de rehabilitación.
Asegura que el modelo actual basado exclusivamente en el castigo, el encierro y la “seguridad” (solo una hora toman el sol) genera necesariamente violencia interna que han producido varias muertes. “El modelo de gestión es un fracaso, pues está hecho para no otorgar los beneficios penitenciarios”, asegura.
Según la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, la violencia en las cárceles es una de las causas que genera el hacinamiento. “Las conductas agresivas tienden a ser más frecuentes, entonces hay diferentes mecanismos pero los comportamientos sociales son muchas veces violentos, en condiciones de libertad sucede eso no se diga en condiciones de encierro”, dijo.
La mayoría está por cuatro delitos
En las cárceles del país existen privados de la libertad que cumplen sentencias con el Código Penal anterior y con el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP).
De los sentenciados con el antiguo código existen 6.192 presos. De ellos el 66,98 % tiene condenas por violación y asesinato. El porcentaje restante se distribuye entre robo, drogas, robo calificado, homicidio simple, plagio, entre otros ilícitos.
En cambio, de los 30.997 detenidos con el COIP el 57,81 % tiene penas por tráfico de drogas y robo. Le siguen condenas por robo, violación, tenencia y porte de armas, asociación ilícita, abuso sexual, delincuencia organizada, entre otros delitos.
La viceministra Liliana Guzmán destaca las cosas positivas que se han innovado en el sistema. Una de ellas es el acceso a salud que tienen el 100 % de presos.
Hay también acceso a educación en donde participa el 43 % de detenidos. De ellos el 2 % está en la educación superior y a la educación básica y bachillerato el 38 % de presos.
Incidentes
Fallecimiento
Entre diciembre de 2017 y enero de 2018 murieron al menos cuatro privados de la libertad y 18 resultaron intoxicados por consumir licor adulterado en el centro regional de Cotopaxi.
Riña
El 6 de marzo pasado una persona privada de libertad fue asesinada a tiros dentro de su celda en la cárcel de Turi, en Cuenca, en medio de un operativo de control de armas.
Suicidio
Fabián Nero, sospechoso del crimen de la niña Emilia Benavides, fue encontrado sin vida en la celda 12 de la cárcel El Turi en Cuenca. Estuvo pocas horas en ese centro.
