Asamblea. El oficialismo pasará el segundo round para el juicio político.

La mecha politica arde con el juicio a Espinosa

La precampaña comienza a arder con el pedido de juicio político al ministro de Educación. Ahora la decisión está en las manos de la Comisión de Fiscalización, con control de los coidearios de Espinosa. Esta aceptará o ‘abortará’ el proceso por no haber asegurado los bienes del Estado.

Durante el terremoto en Manabí y Esmeraldas, el 16 de abril, la Unidad Educativa del Milenio de Pedernales sufrió afectaciones graves.

El tema es el primer punto del orden del día de esa mesa, presidida por la oficialista María José Carrión. Ella es una de los 10 legisladores de la bancada de Alianza PAIS que conforman la comisión. También hay dos asambleístas de la oposición: el independiente, Luis Tapia, y el socialcristiano, Ramón Terán.

Para el parlamentario de Avanza, Bayron Pacheco, impulsor de la propuesta de juicio, la comisión no podrá contradecir al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que dio luz verde para iniciar el proceso. “El ministro Espinosa debe ser juzgado por su irresponsabilidad y negligencia con los bienes del Estado. Hemos presentado todas las pruebas sobre su culpabilidad”, explicó a EXPRESO.

Según él, se han desbaratado todas las respuestas del ministro. “Espinosa puede quedarse en su cargo, pero no podrá mirar a ningún ciudadano de este país”, dijo.

A Pacheco no le preocupa que el funcionario cuente con el respaldo del presidente de la República, Rafael Correa. El primer mandatario defiende la hipótesis del ministro sobre lo costoso que resulta asegurar las unidades educativas. “Está en su derecho”, señaló el legislador de Avanza, sobre Correa.

El integrante de la Comisión de Fiscalización, y del grupo de la mayoría parlamentaria, Hólger Chávez, subrayó que el juicio es un calentamiento de motores para la época preelectoral con el afán de conseguir votos. “Debemos partir de la presunción de inocencia. Toda persona es inocente y tiene derecho a la defensa hasta que no se demuestre lo contrario”, señaló.

Sin embargo, el independiente, Ramiro Aguilar, preguntó: ¿existía un rubro para asegurar esos bienes y servicios en el Presupuesto General del Estado? Para él, la única forma de liberar la responsabilidad del ministro de Educación es que no haya esa partida presupuestaria. “No puede decir que no estaba obligado a asegurar esos bienes cuando tiene el presupuesto para ello. Si no es responsable se queda en su cargo, si lo es debe irse a su casa”, comentó a EXPRESO.

A criterio de la asambleísta del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, Cristina Reyes, el juicio es procedente porque “ahora todos debemos pagar la negligencia”.

Pero cree que la comisión no dará paso a esta causa. “PAIS nunca ha tenido voluntad para fiscalizar y aceptar los errores. No me sorprendería que lo archiven. Aunque no lo destituyan, Espinosa será condenado por los 16 millones de ecuatorianos”, aseguró.

La precampaña comienza a arder con el pedido de juicio político al ministro de Educación. Ahora la decisión está en las manos de la Comisión de Fiscalización, con control de los coidearios de Espinosa. Esta aceptará o ‘abortará’ el proceso por no haber asegurado los bienes del Estado.

Durante el terremoto en Manabí y Esmeraldas, el 16 de abril, la Unidad Educativa del Milenio de Pedernales sufrió afectaciones graves.

El tema es el primer punto del orden del día de esa mesa, presidida por la oficialista María José Carrión. Ella es una de los 10 legisladores de la bancada de Alianza PAIS que conforman la comisión. También hay dos asambleístas de la oposición: el independiente, Luis Tapia, y el socialcristiano, Ramón Terán.

Para el parlamentario de Avanza, Bayron Pacheco, impulsor de la propuesta de juicio, la comisión no podrá contradecir al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que dio luz verde para iniciar el proceso. “El ministro Espinosa debe ser juzgado por su irresponsabilidad y negligencia con los bienes del Estado. Hemos presentado todas las pruebas sobre su culpabilidad”, explicó a EXPRESO.

Según él, se han desbaratado todas las respuestas del ministro. “Espinosa puede quedarse en su cargo, pero no podrá mirar a ningún ciudadano de este país”, dijo.

A Pacheco no le preocupa que el funcionario cuente con el respaldo del presidente de la República, Rafael Correa. El primer mandatario defiende la hipótesis del ministro sobre lo costoso que resulta asegurar las unidades educativas. “Está en su derecho”, señaló el legislador de Avanza, sobre Correa.

El integrante de la Comisión de Fiscalización, y del grupo de la mayoría parlamentaria, Hólger Chávez, subrayó que el juicio es un calentamiento de motores para la época preelectoral con el afán de conseguir votos. “Debemos partir de la presunción de inocencia. Toda persona es inocente y tiene derecho a la defensa hasta que no se demuestre lo contrario”, señaló.

Sin embargo, el independiente, Ramiro Aguilar, preguntó: ¿existía un rubro para asegurar esos bienes y servicios en el Presupuesto General del Estado? Para él, la única forma de liberar la responsabilidad del ministro de Educación es que no haya esa partida presupuestaria. “No puede decir que no estaba obligado a asegurar esos bienes cuando tiene el presupuesto para ello. Si no es responsable se queda en su cargo, si lo es debe irse a su casa”, comentó a EXPRESO.

A criterio de la asambleísta del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, Cristina Reyes, el juicio es procedente porque “ahora todos debemos pagar la negligencia”.

Pero cree que la comisión no dará paso a esta causa. “PAIS nunca ha tenido voluntad para fiscalizar y aceptar los errores. No me sorprendería que lo archiven. Aunque no lo destituyan, Espinosa será condenado por los 16 millones de ecuatorianos”, aseguró.