No solo en el ámbito público existe una crisis moral. En lo privado tienen su origen algunos de los problemas que nos afectan y que suelen atribuirse a la informalidad, cuando en realidad obedecen a una falta de integridad.

¿Hay rectitud en el obrar cuando se inaugura un edificio de oficinas y departamentos, una clínica o un centro comercial con restaurantes y lugares de entretenimiento sin la cantidad adecuada de estacionamientos? ¿Sin prever que la búsqueda de parqueo cercano y seguro llevará a los visitantes y clientes a ocupar las calles circundantes, generando congestionamiento y molestias a quienes residen o transitan por la zona? ¿O incluso a simplemente evitar ir a ese lugar, en detrimento de quien realizó una inversión o arriesgó en un emprendimiento? ¿Hay probidad en construir sin tomar en cuenta el bienestar de una ciudadanía que se desenvuelve entre bloques de cemento, sin zonas con arborización, aun cuando organizaciones como la OMS exigen estándares de espacios verdes mínimos por habitante?

Esta ha sido una práctica usual en Guayaquil y sus cantones aledaños, pero el incremento de la población y del parque automotor la vuelve inadmisible. Sin considerar que la cercanía o presencia de áreas verdes incrementa el valor de los bienes inmuebles y favorece el bienestar de la comunidad. Es por lo tanto, un comportamiento impropio de una empresa privada responsable, con visión y consciente de los factores que entorpecen el desarrollo de la urbe, pues además de generar malestar, limita el crecimiento del mercado inmobiliario como opción atractiva para aquellos inversionistas que adquieren propiedades buscando, a través del arriendo, una rentabilidad superior a la que ofrecen los instrumentos financieros tradicionales.

El déficit de parqueos y áreas verdes es un problema en cuya solución juegan un papel determinante las autoridades a la hora de emitir los permisos de construcción, que no deben ser otorgados a proyectos que no cumplan a cabalidad con los requisitos antes citados. Asimismo, deben prohibirse modificaciones futuras que alteren los parámetros con los que esos proyectos fueron aprobados, a fin de dar a los compradores la seguridad de que se mantendrán las condiciones en las que hicieron su adquisición. Pero lo primordial es, sin duda, por parte de constructoras y promotoras inmobiliarias, un ‘mea culpa’.