Contrariando la argumentación de que los activos estatales vertidos en las Empresas Públicas (EP) son las “joyas de la corona” y altamente rentables, la realidad es que en conjunto representan un lastre fiscal que dificulta la recuperación económica. Los déficit operativos acumulados a lo largo del último quinquenio, y la sucesión de malas inversiones (saltan a la vista las del sector petrolero y eléctrico) crean obligaciones que, al final del día, deben ser atendidas por los contribuyentes y por los consumidores obligados de los bienes y servicios de inferior calidad provistos por estos entes.

En tales circunstancias surgen las opciones de concesionar operaciones, de liquidar actividades que no cumplen su cometido y de reformar la legislación pertinente para que a las EP se les apliquen los mismos criterios de gobernanza, transparencia, controles y manejo profesional que se demanda de las empresas privadas. En esa transición, es menester que quienes tienen a su cargo la conducción de tales procesos sean entendidos en sus materias, cautos en sus apreciaciones y posean la capacidad de transmitir confianza, que es lo que nuestro medio, hastiado por la corrupción, requiere.