La ‘lupa’ del control se instala en Guayas

La provincia no se salva de las irregularidades. Las sedes seccionales de ministerios, secretarías y empresas públicas de Guayas están en la mira de la Contraloría General del Estado. Durante 2018, se ejecutaron al menos 13 exámenes especiales en el territorio. En todos saltaron alertas de anomalías.

Las fallas, aunque son distintas entidades públicas, se repiten: descontrol en la contratación, falta de rigurosidad en almacenamiento, gastos injustificados, desorden de archivos y documentos, poco cuidado en bienes públicos, entre los más importantes hallazgos.

Los documentos investigan las acciones durante el gobierno anterior y los primeros meses de la administración del presidente Lenín Moreno. En total, el examen se hizo a más de 51,3 millones de dólares.

El último informe que se aprobó en la Contraloría involucra al Consejo Nacional Electoral (CNE). El 27 de diciembre del año pasado se emitió el texto que revisa “la administración, utilización, registro y control de los bienes de larga duración” en la Delegación Electoral de Guayas. Se observaron las cuentas y procesos de 2013 a 2017.

¿Qué se encontró? La oficina provincial manejó más de 750.000 dólares del Presupuesto General del Estado para sus operaciones en el periodo analizado. Con esos recursos adquirió bienes, contrató seguros y, como manda la ley, debía vigilar el mantenimiento y correcto uso de dichas compras. Según el equipo de la Contraloría, no lo hizo.

El personal del CNE de Guayas no verificó el estado de los bienes de larga duración de sus oficinas durante dos años. Cuando sí hizo las verificaciones, en cambio, no se identificaron faltantes y productos en mal estado.

Una de las principales alertas es, sin embargo, la contratación de un seguro para bienes que no debían ser parte del acuerdo. La delegación provincial pagó 1.304 dólares de más porque aseguró bienes robados y chatarrizados previamente. Esto porque los encargados no depuraron el inventario antes de contratar el seguro.

Las fallas administrativas también se reflejaron en ministerios. La oficina técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Guayas efectuó contrataciones de personal ocasional sin los cuidados que exige la ley.

Entre 2016 y 2017, la oficina utilizó 747.137 dólares para contratos ocasionales y sin relación de dependencia. En varios documentos no se hizo un control serio.

La Contraloría encontró expedientes que respaldan la contratación de personal con documentación incompleta e incluso se reclutó a ciudadanos que no cumplían con el perfil para determinados cargos.

Uno de los puntos más graves del informe aprobado en noviembre del año pasado fue la evidencia de que se pagó a los contratados con fondos destinados a inversión. Es decir, se usó fondos de capital para gastos corrientes, algo prohibido por la ley.

Incluso el otorgamiento de permisos de funcionamiento de establecimientos turísticos tiene fallas. La coordinación zonal de Guayas del Ministerio de Turismo dejó vacíos en la concesión de licencias entre 2014 y el 31 de marzo del año pasado.

Según las autoridades de varias de las entidades examinadas, las recomendaciones de la Contraloría General para corregir las irregularidades se aplican en su totalidad. La meta, aseguran, es transparentar la gestión pública.