El gobierno quiere librarse lo antes posible de la punitiva Ley Orgánica de Comunicación (LOC) del correísmo. Ayer, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, donde el debate de las reformas de esa ley parece alargarse indefinidamente, escuchó de la ministra del Interior, María Paula Romo, la propuesta oficial para poner el pie en el acelerador. Consiste en dejar provisionalmente como están en la ley vigente los temas relacionados con la interculturalidad y el fomento de la producción nacional, en torno a los cuales podrían demorarse los acuerdos, y avanzar en aquellos temas más políticos, que tienen que ver con la eliminación de los mecanismos punitivos y sobre los cuales, a estas alturas, ya no hay retorno.

Parece que a los miembros de la Comisión, presidida por el oficialista Jorge Corozo, les gustó la idea. Los artículos que obligan a los medios a destinar un 5 por ciento de sus espacios a contenidos interculturales o, a las radios, a conceder la mitad de sus emisiones musicales a la producción nacional (lo que se conoce como ley del uno por uno) volverán a discutirse cuando el gobierno afine lo que la ministra Romo llamó su “política integral de fomento cultural”. Lo urgente es aprobar una ley en la que se elimine la figura del linchamiento mediático, se suprima la Superintendencia de Comunicación (“esa agencia de control de contenidos”, dijo Romo) y se establezcan diferencias en los contenidos, “desde la opinión, con un máximo de libertades, hasta la publicidad, con un máximo de regulaciones”.

Esa ley, confían los integrantes de la Comisión, estará lista para su discusión en el Pleno de la Asamblea antes de que termine el año. El próximo lunes arrancarán con el análisis de todas las observaciones presentadas. Un notable éxito de la ministra si se considera que, cuando ella llegó a la Comisión, ayer por la mañana, la encontró ocupada de otras cosas por iniciativa de Marcela Holguín, una de sus integrantes correístas. Otras cosas que, para colmo, ya están siendo tratadas en otra Comisión, la de Derechos de los Trabajadores; a saber: el despido de la periodista Lorena Abad, enferma de cáncer, de la Radio Pública.

La propuesta de reformas que María Paula Romo presentó ayer a nombre del gobierno va más allá de la Ley de Comunicación. “Esta es la oportunidad -dijo- de reformar el Código Penal para que los delitos relacionados con la opinión y el derecho a la honra se resuelvan en el campo de lo civil”, tal como recomiendan los estándares internacionales.

Es interesante comprobar cómo los correístas han dejado de jugarse, como hacían hasta hace poco, por los aspectos más punitivos de la LOC de su gobierno. José Chalá, por ejemplo, está “completamente de acuerdo” en eliminar la figura del linchamiento mediático. Marcela Holguín, sin embargo, todavía cree en las políticas de control de contenidos y se pregunta (en plan Donald Trump) si habría que extenderlas a las redes sociales “para contrarrestar esa ola a nivel mundial de las ‘fake news’”.

Romo desestimó esta idea. Dijo que ese control debe provenir de la propia sociedad. Y, en un mensaje claramente dirigido a ellos (a los correístas), pidió a la Comisión eliminar lo que llamó “esa distorsión que produjo la LOC: la idea de que la honra de las personas es mayor si son funcionarios. Al contrario: los funcionarios están sometidos a un mayor escrutinio. No hay tal cosa como la majestad del poder”. No hubo réplica. Quizá sea porque están en minoría, el caso es que, a estas alturas del debate, hasta los correístas tienen que familiarizarse con la democracia.

A desfacer entuertos

Otro aspecto de la nueva Ley de Comunicación en el que la Comisión entrará de lleno desde la próxima semana tiene que ver con el régimen de transición. Dentro de este hay dos puntos importantes: resolver qué hacer con los procesos sancionatorios llevados a cabo por la Supercom y acoger el negativo informe de la Contraloría sobre el concurso de frecuencias.