Lo pendiente y lo urgente van de la mano. Al Gobierno del presidente Daniel Noboa, y por ende al país, le aguarda un 2024 lleno de temas complejos que requieren atención prioritaria y soluciones profundas para empezar a labrar un camino de bienestar.

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Las prioridades y preocupaciones de los ciudadanos están claras: no hay encuesta o sondeo de opinión en la que la inseguridad, el crimen, la violencia no se ubiquen como la primera inquietud de los ecuatorianos que ven que las muertes violentas fueron de alrededor de 7.500 en 2023: un promedio de 20 por día.

¿Qué hacer? “No todo se puede contar, pero creo que pese al poco tiempo que lleva el Gobierno hay algunos avances, hay ideas frescas que se deben profundizar en 2024”, le dijo a EXPRESO el exministro de Defensa, Luis Hernández.

Desde su perspectiva hay dos aspectos en los que debería trabajar a la par el Ejecutivo en el tiempo que le queda de gestión. En la parte táctica, considera que es fundamental que los organismos de inteligencia del país empiecen a operar de forma coordinada y sinérgica para que la información no sea dispersa o exclusiva.

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También, una reforma política que apunte a modificar leyes que no están hechas para la situación de inseguridad actual. “Por ejemplo, los límites de tiempo de los estados de excepción deberían ser indefinidos, con sus parámetros y cuidados, porque hay provincias en las que se necesita una intervención amplia y no pocos días o semanas en la que los delincuentes hasta se esconden, se repotencian y salen cuando se termina el plazo de la emergencia”.

Otro punto que plantea el general (sp) es que las leyes en temas de seguridad también puedan ser tratadas en la Asamblea Nacional bajo el régimen de urgencia que hoy en día tienen solamente las económicas. “El ciudadano no puede esperar por una ley meses o incluso años. Depende de la voluntad del presidente dar ese giro en seguridad”, señaló Hernández.

El segundo tema que aparece entre los pedidos, casi súplicas, de solución entre los ecuatorianos es el del empleo. Apenas el 35% de personas en edad económicamente activa cuentan con uno adecuado. El resto se debate entre la informalidad o, simplemente, no acceden a ninguna fuente de trabajo.

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El dirigente sindical Nelson Erazo considera que el Gobierno no empieza bien el 2024 en este tema. Asegura que la aprobación de las zonas francas en la primera Ley Económica Urgente enviada por el Ejecutivo apunta a la precarización de las relaciones laborales, en lugar de impulsar el empleo “digno”.

Erazo reconoce que los tiempos y mecanismos laborales en el mundo están cambiando y se requieren reformas que se adapten a las realidades. Sin embargo, considera que las autoridades bien podrían replicar las buenas prácticas que se vienen experimentando en otros países.

“En Europa, por ejemplo, crece la tendencia a reducir las horas de trabajo, pero sin que eso afecte el salario de los trabajadores ¿Qué está generando esto? Por un lado, se ha visto una mayor productividad y, por otro, las empresas que necesitan jornadas de trabajo extendidas han contratado más gente, generando más plazas de trabajo. Es decir, se puede mejorar la situación laboral, sin precarizarla”, señaló el dirigente, quien anuncia que en los primeros días de 2024 demandarán la inconstitucionalidad de la Ley urgente.

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Ambas preocupaciones están conectadas a la tercera inquietud que tienen los ecuatorianos: la situación económica del país. Ecuador entra al nuevo año “sumamente endeudado” con un monto de casi $ 80 mil millones que repercute en su funcionamiento económico.

El economista Andrés Albuja considera que la renegociación de esta deuda debe ser el punto de partida del gobierno en este nuevo año y lo que le resta de período. Esta reingeniería le permitirá tener un respiro buscando nuevos períodos de gracia, pagos más flexibles, porque, de no hacerlo, los pagos fuertes que se aproxima pueden generar iliquidez.

¿Eso es suficiente? No y tampoco lo es la Ley urgente aprobada en la Asamblea a mediados de diciembre que permitirá una recaudación cercana a los 800 millones de dólares, pero el país necesita más recursos para funcionar.

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“Para generar ingresos en el tema combustibles y energía hay que transparentar los precios con mecanismo de compensación para los grupos vulnerables (subsidios focalizados). Se puede buscar recursos en los sectores estratégicos como, por ejemplo, en la telefonía celular que ahora mismo se está renegociando la concesión; lo tercero es cumplir la oferta de campaña e inyectar dinero de las reservas internacionales a la economía”, detalló Albuja.

Según el experto, lo primero dejaría unos seis mil millones de dólares. La renegociación con las telefónicas debería ser por no menos de $ 2.500 millones y el mandatario ha señalado que podría tomar unos $ 1.500 millones de las reservas. “Ahí se podría gestionar $ 10.000 millones para 2024 que si se los usa de manera eficiente resulta un alivio para el país.

Para la exdocente y activista por los derechos de los jubilados, Aracelly Moreno, ese uso eficiente de los recursos debería enfocarse en lo social, especialmente en educación y salud, sectores que han sufrido el impacto de la crisis y registran problemas que se hacen visibles en el deterioro de la infraestructura o la falta de medicinas.

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Según Moreno, ningún plan de seguridad puede tener resultado en el mediano y largo plazo si no se imparte educación de calidad, la misma que, asegura, sufre un deterioro desde el gobierno del expresidente Rafael Correa que incorporó nuevas reglas educativas que, a la larga, habrían resultado fallidas y hoy se ven las consecuencias.

“Que el presidente Noboa entienda que la educación no es un gasto, sino una inversión. Él ha ofrecido generar fuentes de empleo, que tanta falta hacen, pero si nuestros jóvenes no están bien preparados y no acceden a las nuevas tecnologías, difícilmente van a ser competentes para ejercer. Ese es uno de los pendientes que debe ser abordado de inmediato por el Gobierno, pero también garantizando la seguridad de los profesores, muchos de los cuales están amenazados y hasta han sido víctimas de atentados”, dijo.

En el tema de salud, aboga porque se preste mayor atención y recursos al sector público, especialmente a los jubilados. Espera que el Gobierno de Noboa aplique una verdadera estrategia para combatir males como la desnutrición infantil que tiene secuelas posteriores. “Lo que vive el país, en gran parte, es producto de las desigualdades y la desatención en lo social. Está en manos del nuevo Gobierno cambiar esta realidad para todos”, concluyó la activista.

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