El exministro de Educación Augusto Espinosa ha planteado una queja al organismo que vigila la comunicación social manifestando que Diario EXPRESO hace un linchamiento mediático en su contra.

Pero ¿cuál es la realidad de esta denuncia? Durante el largo lapso en que ejerció el alto cargo de ministro se han producido en el esencial sector de la educación una serie de hechos que no solo deberían ser causa de juicio político sino de un proceso penal porque en su gestión hay hechos como el abuso sexual en varios establecimientos educacionales sin que el ministro de entonces haya tomado cartas en el asunto y que haya actuado con negligencia como lo ha manifestado incluso el actual titular de esa fundamental cartera de gobierno. Pero no solo es el terrible hecho del abuso sexual a menores sin que haya habido ni siquiera la investigación inicial para sancionar a los autores de ese delito imperdonable.

De acuerdo con la información que se posee, 1.800 maestros sin los requisitos indispensables han sido encargados de la dirección de planteles en el área de la enseñanza pública.

Y se han dado centenares de nuevos nombramientos sin que los agraciados cumplan con los elementales requisitos a que están obligados quienes aspiran a ocupar una plaza en el magisterio. Además se ha eludido uno de los básicos requisitos, el examen psicológico, que no se practicó durante la gestión del exministro.

Todas estas realidades configuran un hecho que debe merecer la sanción a que está obligada moral y legalmente la Asamblea Nacional, dando paso al juicio político a ese exministro que entonces tendrá la oportunidad de aclarar todos estos graves hechos que han causado severo daño a la educación pública.

Lamentablemente, un falso criterio de solidaridad partidista ha denegado inicialmente la posibilidad de ese juicio político en el cual debería insistir el bloque de la oposición a Correa. Sin embargo el Colegio de Abogados de Pichincha ha tomado en sus manos la tarea de exigir la realización del juicio político y seguramente el exministro acusará también a esa entidad apolítica de tratar de someterlo a un linchamiento mediático.

La moral pública exige que el exministro Espinosa comparezca en un juicio político para juzgar el largo período de su ejercicio ministerial en el cual se cometieron tantos abusos y se dio tanta negligencia.

Si los órganos pertinentes de la Asamblea que han negado la posibilidad del juicio político, persisten en su actitud, estarían cometiendo un acto de encubrimiento que, aunque no se procese por la inmunidad parlamentaria, caería moralmente sobre sus conciencias.