Por la libertad de expresion

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Por la libertad de expresion

en medio de la crisis económica que afecta al Ecuador, cabe recordar ese antiguo aforismo que enseña a tener un comportamiento adecuado frente a circunstancias complicadas: el primer paso para superar un problema es aceptar su existencia.

Asumida la crisis se empezará a pensar en la mejor manera de abordarla y dejarla atrás.

Igual se debe hacer respecto a la restricción de las libertades que sufre la República. Si no se entiende que las esencias de las formas de vida democrática han dejado de tener plena vigencia, poco o nada se intentará en ánimo de recuperarlas, pese a que son un factor ‘sine qua non’ de una sana convivencia.

Aunque pareciera que ya no hace falta mostrar nuevas pruebas para sustentar lo arriba expresado, bastará mirar las páginas de los periódicos independientes que aún subsisten, y cada día con mayor frecuencia, se los encontrará maculados por una nueva forma de censura: la de los pedidos de rectificación que todo género de funcionarios y personas se sienten con derecho de ejercer, amparados por la denominada Ley Orgánica de Comunicación.

En un oprobioso pasado, la censura tenía la potestad de suprimir o enmendar textos. Ahora ejerce su ominoso poder obligando a publicar, sin posibilidad de modificación alguna, contenidos que van desde lo que podrían constituir “publirreportajes”, de gratuita y obligatoria difusión, hasta comentarios que en el argot periodístico tradicional se denominan “ladrillos”, pasando por acusaciones denigrantes en cualquier tiempo y espacio, donde se trata de mentiroso al medio de comunicación, sometiéndolo a la “norma” que determina que se ofenda a sí mismo.

Obviamente, mientras más se denuncia la corrupción o se evidencia el equívoco manejo administrativo (cumpliendo un rol sagrado de la actividad de comunicar, que además es un mandato constitucional para todos los ecuatorianos), arrecia el hostigamiento, y posiblemente se incremente conforme se acerca el período de elecciones.

A la prensa independiente, lo reconoce el propio Gobierno, se la ha conceptuado como el enemigo principal y, por ello, no es sin premeditada intención el constante calificarla de corrupta, pretendiendo desacreditar sus actuaciones.

Pese a ello, hay un rol indeclinable a cumplir: seguir ejerciendo responsablemente la libertad de expresión.