En un episodio novedoso de candor político, el presidente declaró que las medidas propuestas en el proyecto de ley Económica Urgente enviada por él para aprobación de la Legislatura son “un poco duras”, añadiendo a punto seguido que “es posible que en algunas nos hayamos equivocado”. Estamos de acuerdo con tal admisión, y subrayamos que el Ejecutivo tiene aún la oportunidad de retirar el proyecto y presentar, por la misma vía, una iniciativa que rompa el molde de “impuestomanía” que caracterizó al régimen anterior, con los resultados ya conocidos.

Para empezar, el proyecto es mal llamado de “Reactivación Económica”. La reactivación es inconsistente con el ataque que se hace a la producción, al tiempo que se perpetúa el modelo de irresponsabilidad fiscal. El presupuesto propuesto para 2018 sube el gasto corriente y baja la inversión. Los recursos de los contribuyentes no irán para mejorar la condición de los profesores o policías sino para suplir, entre otros, los $1.500 millones de déficit de las empresas públicas que, por la ineptitud y corrupción demostradas en su manejo, se han convertido en sanguijuelas que la sociedad no puede darse el lujo de seguir manteniendo.

Tenemos que discrepar con que la fórmula de obtener más recursos para el Estado es subiendo los impuestos, aranceles o tarifas de servicios por prestaciones innecesarias. El país está sobresaturado de normas, multas y regulaciones, al punto que el 50 % de los ingresos disponibles de los ecuatorianos son dedicados para solventar el voraz apetito fiscal. El futuro del país, insistimos, no está en juego si el Gobierno no tiene recursos para disponer de los mismos en “otros gastos” inclasificables, sino porque tales recursos son extraídos de la producción, y del empleo.

Las comparaciones entre presupuestos son deleznables: lo propuesto, lo consolidado, y lo devengado no pueden medirse con la misma vara, como nos lo quieren hacer creer sus autoridades económicas. Los gastos no bajan, suben; y los ingresos están basados en supuestos débiles, cuando no falsos. El estribillo de proteger la dolarización es igualmente deleznable, pues, para entenderlo en una frase: la dolarización solo puede coexistir con la responsabilidad fiscal, que es lo que falta.