Millones de datos personales expuestos al público en un abrir y cerrar de ojos. Para salvaguardar la intimidad de los usuarios, el oficialismo impulsa el proyecto de ley de Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales.

Es una iniciativa de la titular de la Función Legislativa, Gabriela Rivadeneira. Está en discusión en la Comisión de Justicia. El texto irá a primer debate en el pleno de la Asamblea, posiblemente, la próxima semana.

La propuesta parte de algunos supuestos. Basta crear una cuenta bancaria, reservar un hotel o un pasaje aéreo o pagar con tarjeta de crédito para conocer la identidad de una persona.

Al escribir el nombre de alguien en el buscador más grande del mundo, como Google, por ejemplo, se obtiene información privada: estado civil, edad, dirección del domicilio y hasta la matrícula de auto.

Gracias a ese cúmulo de informaciones se elaboran bases de datos que después se comercializan, dice el documento.

Por eso el proyecto. La ley, que tiene 26 artículos, se aplicará a cualquier banco de datos públicos y privados. Es decir, el Estado será el nuevo “propietario de esas bases”, advierten desde las filas de la oposición.

La propuesta define los datos sensibles de una persona: origen racial –que no es nueva porque se incluye en las encuestas del Instituto de Estadísticas y Censos – las convicciones ideológicas y morales, las creencias religiosas y políticas, la salud y la vida sexual.

El texto, tal como está redactado por ahora, crea la Autoridad Nacional de Protección de Datos, una especie de Supercom de las redes sociales, según la oposición. Una de sus atribuciones será bloquear los sistemas de información que expongan esos datos.

Prohíbe, además, la transferencia de datos al exterior. Eso significa que no se podrá enviar información a terceros. Crea el Registro Nacional de Datos Personales (bases, bancos, ficheros, archivos privados o públicos). Esto tampoco es una novedad porque ya existe ‘Dato Seguro’, donde se registra información personal, cuyo propietario también es el Gobierno.

Hay sanciones económicas, de uno a 10 salarios básicos unificados, así como el retiro temporal o definitivo de las bases de datos en caso de incumplir estas normas.