Los regímenes inscritos en el “Socialismo del siglo XXI” proclamaron, como señal de identidad, estar unidos bajo la espada de Bolívar, que “recorría por América Latina”. Al momento, esa sonoridad declaratoria se ha trocado por la realidad de un prontuario común en el que estos constan como los causantes de una debacle repleta de abusos en contra de los derechos humanos, de asalto a mansalva de los recursos públicos y, en algunos casos, como el de Venezuela, de abierta vinculación con el crimen organizado.

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, tiene sobre sí el creciente peso de una justicia que la persigue por haberse enriquecido, junto con su marido e hijos, a costa de los dineros del Estado; haber armado todo un esquema mafioso para ese cometido; haber acordado con el gobierno fundamentalista de Irán la protección de los criminales que hicieron volar en pedazos las instalaciones de la AMIA y asesinar a decenas de personas. Los jueces van descubriendo también que en el asesinato del fiscal Nisman las órdenes habrían provenido de la cabeza del Ejecutivo. Ahora, esta agresiva política pretende cubrirse las espaldas mediante la participación como candidata a legisladora en las elecciones del pasado domingo, pero el crecimiento acelerado del rechazo colectivo parece ser, cada vez con mayor claridad, el factor que empujará la aplicación de una sanción ejemplar.

En el caso de Ecuador, las cosas van por ahí. Un vicepresidente encarcelado y con inobjetables indicios de culpabilidad en decenas de hechos delictuosos, afronta un proceso al que se suman, cada día, detalles y nombres que contribuyen a perfilar una trama en la que ni el jefe máximo de la década fenecida parece estar ausente.

Venezuela tiene variantes. Su gobierno, apuntalado en una fuerza armada controlada por Diosdado Cabello, lúgubre individuo del que dependería el Cartel de los Soles, se mantiene aún en el poder, sembrando el terror y asesinando al pueblo.

No cabe duda, sin embargo, que a esas tres “experiencias” les caerá el castigo.