Ledy Zuniga: “Hay funcionarios que han mantenido practicas ilegales”
El 9 de marzo, agentes de policía y fiscales participaron en el operativo ‘Victoria’, que desarticuló redes dedicadas a la extorsión desde los Centros de Rehabilitación Social. Tres funcionarios fueron detenidos.
- ¿En uno de los operativos más grandes dentro de centros penitenciarios por la detección de presuntas irregularidades qué situaciones descubrieron?
- La Unidad de Inteligencia Penitenciaria, por medio del monitoreo de actitudes anormales, de cierta cercanía entre familiares que no era la usual y por información de los parientes de privados de libertad, llegó a obtener información de que se estaba extorsionando a los internos.
- ¿Y cómo se realizaban estas extorsiones?
- Un privado de libertad que formaba parte de esta banda, a través de su visita, le daba el mensaje al familiar de la persona a la que querían extorsionar para que le depositaran cierta cantidad de dinero. Y que si no lo hacían, les decían que adentro podrían intimidarlos de otra forma.
- Ustedes hablaron de una funcionaria involucrada en la red...
- Lastimosamente, tenemos tres funcionarios del sistema penitenciario detenidos que estaban apoyando a estas personas que ejercían presión contra los otros privados de libertad. Esto es lamentable, pero es necesario. Nosotros vamos a continuar con el proceso de autodepuración. En Turi fue la trabajadora social y en Guayas, el psicólogo y el trabajador social del centro.
- Y estas personas, ¿qué roles cumplían dentro de las bandas?
- Les daban ciertos privilegios a los privados de libertad que extorsionaban, es decir, los sacaban y tenían ciertas ventajas dentro de los centros con relación a los demás. A cambio, obviamente, de dinero porque encontramos dinero en sus cuentas. De hecho, uno de ellos se entregó voluntariamente en Guayas.
- ¿Los privados de libertad vinculados recibirán una rehabilitación diferente?
- Estas personas han sido sacadas de los centros y llevadas a uno donde van a estar en un régimen de máxima seguridad para lograr erradicar definitivamente este tipo de práctica.
- ¿Cómo se garantiza que ellos puedan salir rehabilitados si adentro aún tienen la intención de delinquir?
- El sistema penitenciario reconoce los derechos de los privados de libertad, pero también exige el cumplimiento de obligaciones y ellos están obligados a cumplir los protocolos. Aquellos que incurren en este tipo de prácticas se someten a las sanciones correspondientes. Y lo más duro para ellos es que tienen que enfrentar un nuevo proceso que hace que sus penas sean mayores.
- Si hay operativos y controles en la entrada, ¿cómo siguen ingresando objetos o celulares a las celdas?
- El problema es que hay algunos funcionarios que han mantenido ciertas prácticas ilegales dentro del sistema y por eso es que se burlan y se vulneran ciertos sistemas de seguridad que tenemos en los centros.
- ¿Hay más funcionarios que están siendo investigados?
- Sí, pero estos procesos de depuración son necesarios. Nos duele mucho cuando tenemos que separar a un funcionario, pero es imprescindible para que se mantenga el orden y el control. Entre 2016 y 2017 hemos detenido a 26 agentes de seguridad, 7 funcionarios administrativos y 2 policías. Estamos en constante monitoreo para evitar que esto se repita.
