La propuesta de la rectora de la Espol de hacer de esa universidad algo intrínseco de Guayaquil, aportando con soluciones para sus problemas más apremiantes, y de convertirla en aliada del sector productivo es una iniciativa que la ciudad espera que se vuelva realidad a corto plazo y que se replique en todos sus centros de instrucción superior, públicos y privados. Pero también que esa iniciativa vaya más allá de lo vinculado al desarrollo económico, urbanístico o tecnológico.

Si se considera a las universidades como determinantes en la construcción de la sociedad por tener en sus manos la formación de los ciudadanos, su rol se vuelve crucial. Más aún cuando esa sociedad atraviesa una grave crisis.

Ni en la ciudad ni en el resto del país existe credibilidad en la justicia o en las instituciones, mucho menos en la clase política. Ante la carencia de referentes confiables es tal vez la academia la llamada a reconstruir las estructuras sociales a través de la participación de sus mejores elementos –directivos, profesores y estudiantes-, asumiendo el papel de agente de transformación y consolidación de nuestra endeble democracia.

Mientras la Universidad de Guayaquil atraviese su proceso de depuración, deberían ser las demás universidades, privadas y públicas, con sede en el Puerto, las llamadas a trabajar en la presentación de planteamientos que conduzcan a la discusión de soluciones idóneas para temas tan fundamentales como la independencia de la justicia, la lucha contra la impunidad, la erradicación de la corrupción, el freno a la inseguridad ciudadana, la desideologización de la educación, la reactivación económica y la atención eficiente en salud. Deberá primar en este debate la búsqueda -real- del bien común y será imprescindible analizar y contrastar las diversas propuestas con los demás actores sociales: el Estado, el empresariado y la sociedad civil.

Nuestra ciudad y nuestro país solo serán atractivos para la inversión privada -local y extranjera-, cuyos recursos son imprescindibles para superar el enorme déficit fiscal, cuando la seguridad jurídica sea un hecho comprobable. De lo contrario, todos los esfuerzos que se realicen en materia de tecnología, innovación, alianzas estratégicas productivas, etc. serán estériles. Que la academia, con espíritu de cuerpo, sin intereses particulares y construyendo consenso, se atreva a liderar el camino a la transformación.